Reportaje:

Los olvidados de El Salobral

La Comunidad de Madrid da por concluido el plan de realojo del mayor poblado de la región, pero al menos siete familias viven aún en el asentamiento

La mujer duda antes de hablar. "¿Es bueno o malo para nosotros, señorita?". Junto a la chimenea encendida, con el suelo como una patena y sus tres niñas mirándola, parece no tener claro si es mejor aclarar por qué siguen aún en una chabola del poblado gitano de El Salobral (Villaverde), que la Comunidad de Madrid da por desmantelado. El calorcito, el sofá, la cocina vieja... ¿Y si lo pierde? Da igual que el envoltorio sea madera endeble y chapa. No importan las humedades, la basura que rodea la casucha. ¿Y si la echan? Y la mujer de mirada verde y triste decide no explicar nada. Se sujeta una mano con la otra y pide que no salgan su nombre ni su rostro. "Hagan las fotos que quieran, pero no nos saquen".

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La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz -Gallardón, visitarán mañana el que fue el poblado más grande de la región. Lo clausurarán tras invertir 37 millones y dos años de trabajo en realojar a 236 familias. Confirman que quedan 10 chabolas en pie para las que no hay solución. En un rápido vistazo sobre el camino de lodo, sólo se divisan siete. Sus ocupantes no tienen derecho a un piso de alquiler por menos de 100 euros. No cumplen los requisitos. Los desalojarán por orden judicial.

La vecina de la mujer de ojos desolados, en la calle F del sector 7 de El Salobral, parece más locuaz. Tras una llamada, asoman cuatro cabezas a la puerta verde, a juego con el Ford Mondeo aparcado a un metro. "No nos saques la cara que estamos muy guarros", dice Luz Jiménez, de 32 años. Cuenta que se casó "por el rito payo", pero ya está divorciada. Lleva seis años en El Salobral -el periodo mínimo para acceder a un realojo son tres-, pero que le den un piso de alquiler no se puede tener vivienda en propiedad. Y la mujer explica que su ex pareja tiene una casa. "No es mía, no tenemos adónde ir", lamenta. Su nuera Rebeca Vargas, de 18 años, también quedó fuera del censo de realojados. Lo impide el cuarto de los 10 requisitos del convenio que Ayuntamiento y Comunidad firmaron en 2005. Los menores de 25 años no forman unidad familiar si no tienen hijos a su cargo. "Iba a tenerlo, pero sufrió un aborto", explica la suegra. "Pasen, pasen". A 20 metros está la chabola de Fernando Pardo, de 54 años. En la entrada, un coche 4x4 negro y reluciente de una casa coreana, que nuevo cuesta más de 20.000 euros. "No es nuestro, un hombre lo ha aparcado aquí", dice. Para ser realojado no se pueden poseer bienes por más de 30.000. Tras la puerta, su mujer corta rebanadas de pan mientras fríe carne en una sartén. Viven con tres de sus cuatro hijos, de 28, 25 y 20 años. Ninguno tiene trabajo. Alrededor de un bidón convertido en hornillo cuentan que viven de vender chatarra. El mayor, de visita con los dos nietos, ha tenido suerte. Lo realojaron en Fuencarral. Un piso de 50 metros por 70 euros al mes en los que ya no cabe más familia. "Se quedarán en la puta calle".

Y el padre, que no termina de creerse que no hay piso para ellos, añade como mérito a la precaria situación que fueron "los únicos" del poblado que votaron en las municipales de mayo. Han dejado el caso en manos de un abogado. Y Fernando Pardo aún confía en una última baza. "Seguro que doña Esperanza Aguirre no sabe que nos hemos quedado aquí en medio. Hablaremos con ella mañana".

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 08 de diciembre de 2007.

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