Ejecutivo y patronal saludan que se evite la desarmonización

Alegría en el Gobierno y en la patronal guipuzcoana. Las calabazas del partido del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, a su socio de gobierno (EA) y al proyecto aprobado por su consejo de diputados para modificar el Impuesto de Sociedades han sido definidos por los empresarios y por el Departamento de Hacienda, que dirige la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, como un acto de "responsabilidad" por el bien de la armonización fiscal. El ex presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró el pasado marzo que su partido haría "todo lo posible" para conseguir que Guipúzcoa tuviera un impuesto con el mismo tipo que Álava y Vizcaya. La promesa se cumplió ayer.

Guipúzcoa no ha tenido nunca mayoría suficiente para la reforma

La decisión del PNV de dejar provisionalmente el tipo de gravamen del impuesto en el 32,6% y aprobar por decreto foral antes de fin de año un tipo del 28% vuelve a dejar la imposición de las empresas en un marco de plena incertidumbre. Previsiblemente, Olano jugará con los plazos y hará una trampa que ya se reiteró en años pasado. Aprobando un tipo del 28% que estará en vigor antes del 31 de diciembre, las empresas podrán tributar por este gravamen. A estos efectos, según las fuentes consultadas, daría igual que luego las Juntas vuelvan a ser incapaces de lograr una mayoría para refrendar el decreto.

El País Vasco se está convirtiendo en el territorio en el que los límites de la ley, especialmente en temas fiscales y presupuestarios se apuran al límite. Este subterfugio legal se ha aprendido bien y practicado los últimos años. Desde que en diciembre de 2004 el Tribunal Supremo anuló parcialmente el impuesto entonces vigente, incluido el tipo del 32,5%, por considerarlo "ayuda de Estado", las empresas vascas han vivido tres años de incertidumbre continua, con tipos que se aprobaban a punto de terminar el año y la Justicia suspendía luego. Pero, al ser los últimos en vigor al cierre del ejercicio, las empresas podían liquidar el impuesto con ellos, en virtud del principio de seguridad jurídica.

La última reforma del Impuesto de Sociedades, acordada en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que están representados el Gobierno y las diputaciones, pretendía terminar con esta inestabilidad. Álava y Vizcaya lograron aprobar el cambio antes de las elecciones municipales y forales de mayo con los votos de PNV y PP. Guipúzcoa lo dejó para más tarde por falta de mayorías. Tras las elecciones, y con el tipo del 32,6% suspendido, todo volvió a empezar. El camino hacia la desarmonización estaba servido y las peticiones para que el Gobierno usara la Ley de Armonización se repetían.

No ha sido necesario recurrir a ella. La experiencia dice que es más fácil aprobar un tipo por decreto y volver otra vez a empezar, si el año que viene si no es ratificado por las Juntas. Ya estaba prevista una nueva reforma. Se intentará pactar en el OCT y se volverán a buscar mayorías, "consensos", en palabras de Zenarruzabeitia. A la misma tesis se suma la patronal guipuzcoana Adegi, que ahora pide "el máximo acuerdo".