Un informe avisó de la incompatibilidad de la arquitecta de Mugardos en 2006

Un informe jurídico fechado en 2006 y presentado por el ex edil de Urbanismo de Mugardos Ramón Toimil, del PSdeG, denunciaba "las incompatibilidades" del cargo público que entonces ocupaba Xulia Cortizas -una de las cuatro personas detenidas el lunes en la Operación Virgin- como arquitecta asesora del municipio con los proyectos privados que realizaba a través del estudio de arquitectura Xcale, en el que trabajaba junto a su hermano Pedro Cortizas, también detenido.

Los cuatro detenidos siguen en dependencias de la Guardia Civil

Xulia Cortizas fue contratada como asesora del Ayuntamiento de Mugardos en enero del 2006 por una resolución de la alcaldía firmada, según IU, por el nacionalista Xosé Fernández Barcia, y finalizó su contrato seis meses después. De este informe, según el actual portavoz del grupo socialista, Juan Fernández, "tuvo conocimiento el alcalde en sucesivos plenos y comisiones de Urbanismo", contradiciendo así la versión del regidor nacionalista, que ayer volvió a reiterar su total desconocimiento de los hechos.

Barcia, que gobierna en minoría desde los comicios de mayo 2007, aseguró tras la segunda junta de portavoces del Ayuntamiento en menos de 24 horas, que únicamente conocía lo ocurrido a través de los medios, y se limitó a señalar que no se efectuó ningún registro judicial en las dependencias del municipio. "Ahora resulta que el alcalde era el único del pueblo que no sabía nada", ironizó el portavoz socialista. El desconocimiento del alcalde contrasta con la actitud de muchos vecinos de esta villa costera de 5.000 habitantes, al sur de la ría de Ferrol, que desde la tarde del lunes y hasta ayer, vaticinaban que "esto ya se veía venir", concentrados en varios corrillos en las inmediaciones del consistorio.

De las cuatro personas detenidas, dos son funcionarios desde hace más de 17 años en el ayuntamiento, donde Ovidio Torrente, ex trabajador de Astano, ejercía como policía local y Carmen Piñeiro como aparejadora municipal. Las actividades urbanísticas del policía fueron denunciadas públicamente por la edil de IU, Pilar Díaz, quien asegura que Torrente acostumbraba "a hacer gestiones personalmente y a entregar licencias en el departamento de Urbanismo", mientras "iba y venía" del consistorio a una inmobiliaria muy próxima, que dirigía su mujer.

Díaz aseguró además que "era sabido por todos" que el alcalde se reunía en su despacho con varios de los ahora detenidos para abordar cuestiones urbanísticas. La Operación Virgin, abierta en mayo a instancias de la Fiscalía, no ha implicado en la trama mugardesa a ningún cargo político e imputa a los detenidos en presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Los cuatro permanecen desde el lunes en las dependencias de la Guardia Civil, a la espera de pasar esta mañana a disposición judicial en el tribunal de Instrucción número 4 de Ferrol, bajo secreto de sumario. Fuentes próximas a la investigación "no descartan" que en los próximos días se realicen nuevas imputaciones.

En las últimas horas también prestaron declaración dos promotores urbanísticos y una arquitecta "por hechos similares". "A lo mejor aún hay que depurar más responsabilidades, y el responsable máximo es el alcalde", manifestó el responsable socialista. Desde las filas del PP mugardés y de IU insistieron ayer en exigir la dimisión de Barcia como "responsable político" de la trama. Ayer, la inmobiliaria Xesvén, registrada por agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos, permanecía cerrada.

Por otra parte, el presidente del Racing de Ferrol, Isidro Silveira, conocido empresario de la comarca con intereses en el sector naval y urbanístico, rompió ayer una lanza a favor de Xulia Cortizas, esposa de Juan Veiga, entrenador del conjunto ferrolano. "Pongo la mano en el fuego por esa chica", declaró Silveira.