La oposición exige la retirada del alquiler forzoso de la Ley de Vivienda

Los partidos de la oposición, CiU y PP, exigieron ayer al Gobierno catalán que retire el alquiler forzoso de viviendas vacías del proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda tras el dictamen del Consejo Consultivo, que considera inconstitucional el polémico artículo, el 42.6. Ambas formaciones subrayaron que si no se retira, no apoyarán la ley y no se sumarán al Pacto Nacional por la Vivienda, del que se desmarcaron precisamente por esta figura. La respuesta de los partidos que integran el tripartito es que mantendrán el alquiler forzoso, aunque adaptarán el texto a los preceptos del organismo consultivo.

El dictamen considera inconstitucional el alquiler forzoso porque vulnera el principio de igualdad de los propietarios, al no concretar los criterios bajo los que se entienden los "ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada", una de las condiciones en las que se podrían apoyar las administraciones para llegar a la expropiación del usufructo de una vivienda.

Entre otras medidas, el texto sugiere que para definir la demanda que justifica el alquiler forzoso la Administración haga inspecciones de las viviendas y elabore un censo de los afectados, medidas que prevén otros capítulos del proyecto de ley, como los que tratan de las viviendas sobreocupadas o sin cédula de habitabilidad.

Las sucesivas comparecencias de los representantes de los partidos durante la mañana de ayer mostraron hasta qué punto un informe jurídico puede prestarse a distintas interpretaciones. Para empezar, todos se mostraron satisfechos con el resultado. La oposición, por la consideración de inconstitucionalidad del 42.6. El tripartito, porque, argumentaron sus representantes, el Consultivo sólo considera inconstitucional la metodología para llegar al alquiler forzoso, pero, dieron a entender, no la idea de llegar a este extremo cuando la vivienda es un problema de primer orden al tiempo que existen hogares vacíos.

La portavoz parlamentaria del PP catalán, Carina Mejías, afirmó que el dictamen es un "serio correctivo, un toque de atención a un Gobierno que debe hacer normas más rigurosas". Por su parte, el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, pidió al Gobierno catalán que cumpla "su palabra y retire el alquiler forzoso". "Pueden buscar subterfugios para mantener su empeño en un modelo de hacer política en el que ICV, ERC y el PSC están obsesionados en llevar a cabo con cuestiones como el alquiler forzoso", manifestó con relación a la voluntad expresada de retocar el 42.6 pero no eliminarlo del proyecto de ley.

La postura de los partidos que apoyan al Gobierno catalán de mantener el alquiler forzoso llegó desde los portavoces parlamentarios de PSC, ERC e ICV y por parte del consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, que compareció tras la reunión semanal del Consell Executiu. Saura negó que el dictamen "desnaturalice" el proyecto de Ley y recordó el compromiso del Gobierno catalán de "acatar" el dictamen. El consejero explicó que los servicios jurídicos de la Generalitat se pusieron ayer mismo a trabajar en un nuevo redactado del polémico artículo.

Tramitación urgente

La Mesa del Parlament, que ayer admitió a trámite el dictamen del Consejo Consultivo, acordó tramitar de urgencia la presentación de enmiendas al proyecto derivadas del informe jurídico. El plazo, "de seis días improrrogables" se abrirá el viernes 7 y se cerrará el lunes 17 de diciembre. El objetivo es que si la misma Mesa y la junta de portavoces se ponen de acuerdo, el debate final y la votación de la ley se pueda celebrar durante el pleno escoba, el último antes de las vacaciones de Navidad, previsto para el día 18 de diciembre. Sería el punto final a un proyecto de ley que arrastra más de dos años de controvertido trámite.