La política opaca del PP valenciano

Han contado los cronistas de las Corts Valencianes que la consejera de Industria, Belén Juste, perdió los nervios el miércoles pasado al sentirse agobiada por la diputada socialista Amparo Marco debido a la inquisitiva insistencia de ésta al preguntar por ciertos documentos del Instituto Valenciano de Exportación (Ivex). "Qué quieres de mí", le espetó airadamente la política. Era obvio lo que quería la parlamentaria: la información acerca de este organismo que el Consell ha venido ocultando reiteradamente mediante unas u otras martingalas. Una información que, además, la titular del mentado departamento no puede facilitar, pues, al margen de cuál sea su parecer, el criterio que su Gobierno viene observando es el de cerrarse en banda ante toda clase de requerimientos fiscalizadores. Una consecuencia y un privilegio de su hegemónica mayoría, pero también exponente de su muy limitada vocación democrática en la gestión de los asuntos públicos.

La ocultación del PP obedece a su limitada vocación democrática

El referido episodio, que es anecdótico, pero no irrelevante, se suma al rosario de negativas a informar con que el Consell se blinda. Ciegsa, la empresa promotora de centros docentes, el Palau de les Arts, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o la de las Lenguas, gastos de la visita papal, Fundar, ese cortijillo que administra la atrabiliaria Ester Fonfría y, últimamente -sin que sea esta una relación exhaustiva de asuntos vedados- la sociedad de Proyectos Temáticos y la Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la C.V., cuyo acceso a las actas de los respectivos consejos de administración fue insólitamente amparado por la presidenta del Parlamento autonómico, Milagrosa Martínez, pero enseguida bloqueado por quienes están al timón del Gobierno, en lo que ha sido una mortificante desautorización. El diputado escudriñador, el socialista José Camarasa, se ha quedado con la miel en los labios cuando creía poder meterle mano a este arcano societario. Una perplejidad ni siquiera comparable al estupor e indignación que ha supuesto la súbita prohibición de investigar en los libros del cementerio general de Valencia, donde constan las víctimas de la represión franquista. La alcaldesa Rita Barberá no ha querido quedarse descolgada en esta carrera de involucionismo democrático.

Visto en su conjunto, y a lo largo de tres legislaturas con el sello del PP, puede deducirse que tan pertinaz oscurantismo solo es posible por la inmunidad, y acaso impunidad política, que goza este partido gobernante debido a dos hechos notorios: de un lado, la inanidad de la oposición, sumida en una crisis que no ve la luz de su salida, y de la que únicamente merece anotarse la tenaz beligerancia de unos diputados opositores inasequibles al desaliento, no obstante las trabas que impiden sus investigaciones y la callada por respuesta que obtienen sus preguntas parlamentarias. Y por otro lado, la anestesiada sociedad valenciana, sumida en un ciclo largo de prosperidad que el profesor de Historia e Instituciones Económicas describía estos días con dos datos: el PIB de nuestro país se ha duplicado desde 1995 y estamos en diez puntos por encima nacional en lo relativo a segundas residencias. En el aparente reino de Jauja que habitamos no resulta sorprendente que al vecindario, o su mayoría, no le desasosiegue la calidad de la democracia.

Sin embargo, su degradación es evidente, por más que quede disimulada por la indiferencia general, la mentada bonanza coyuntural, el discurso victimista, a la par que primario con respecto al gobierno central, y el desarme, tanto orgánico como programático de la alternativa política, que es asimismo coyuntural o pasajero por más que se dilate la preeminencia del PP. Pero en tanto la oposición no se recomponga mediante un discurso y un proyecto sugestivos, su objetivo más apremiante, como el de la prensa menos dócil, no puede ser otro que señalar con el dedo o con los medios a su alcance las trapacerías del Gobierno, que lo son desde el mismo momento en que las ampara tras la muralla de su hegemonía, secuestrándolas del debate y la verificación, con la consiguiente estela de la sospechada corrupción, que muy a menudo no es sino una certeza y un escándalo. Insistir en la denuncia es un signo de salud cívica, aunque ello provoque que algún consejero pierda los nervios y los papeles.