Las Juntas abren la vía para que Bandrés declare por el fraude de Irún

La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga el fraude cometido en la Hacienda de Irún ha incluido en el listado de posibles compareciente al ex diputado foral y destacado miembro de la ejecutiva provincial del PNV Luis María Bandrés. Su nombre se vinculó a este escándalo cuando se conoció que su esposa, Maite Moneo, estaba siendo investigada por pagar al supuesto cerebro de la trama, José María Bravo, una cantidad muy inferior a la deuda fiscal que tenía contraída con la Hacienda foral.

Los miembros de la comisión de investigación, en la que están representados todos los grupos políticos, acordaron ayer su plan de trabajo y un calendario de comparecencias que, entre otros, incluye a Bandrés por su condición de diputado foral de Servicios Sociales primero y luego de Cultura y portavoz foral entre 1995 y 2003, periodo que coincide con los años (de 1991 a 2004) en los que se pudo perpetrar la estafa.

El nombre de Bandrés no figura expresamente en el listado de comparecientes, pero las Juntas pueden llamarle a declarar al dejar abierta la opción de citar a los "diputados forales" (actuales y anteriores), sin especificar ningún departamento.

La esposa de Bandrés acudió el pasado 14 de noviembre al juzgado de Irún para declarar como testigo por unos pagos en metálico a Bravo, principal imputado de la causa, que sumaban 108.000 euros, después de que aquél le propusiese una importante rebaja para cancelar una deuda fiscal que ascendía a 600.000 euros. Moneo reconoció que, por indicación de Bravo, pagó los 108.000 euros en tres entregas a finales de 2003, cuando Bandrés ya había dejado su puesto como diputado foral. En su declaración, admitió que su marido se hallaba al tanto de la deuda fiscal, pero negó que hiciese gestiones con altos cargos de Hacienda.

La posible declaración de Bandrés ante la comisión de las Juntas se producirá en el mes de mayo del año que viene, según el orden establecido en el calendario de trabajo. Los primeros que van a ser citados, durante este mismo mes de diciembre, serán los cinco imputados en el procedimiento judicial, si lo autoriza la juez instructora, Almudena Ovejero.

Las citaciones se prolongarán entre enero y junio de 2008, comenzando por los técnicos de Hacienda y concluyendo con los ex diputados generales Román Sudupe y Joxe Joan González de Txabarri.

Los trabajos de la comisión, que analizará exclusivamente si hay responsabilidades políticas en este caso, tienen como plazo máximo el 31 de diciembre de 2008, aunque sus miembros podrán pedir al pleno de la Cámara una ampliación.