De la Vega reclama a los altos cargos temas con impacto

"Quedan seis Consejos de Ministros y no hay temas. Tenemos que inventar los Consejos de Ministros". La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, volvió a la carga en la reunión de la Comisión de Subsecretarios del pasado día 21 y puso las pilas a la treintena de altos cargos que preparan las deliberaciones del Gobierno en La Moncloa.

La ausencia de leyes por la proximidad de la disolución de las Cortes, que el presidente del Gobierno materializará en enero, ha rebajado sensiblemente la actividad del Consejo de Ministros en las últimas semanas. Lo que se hace notar especialmente en una legislatura muy cargada de iniciativas y que en las propias filas socialistas valoran como la más viva, en el terreno de las reformas sociales y la ampliación de derechos, después de la primera legislatura de Felipe González.

La vicepresidenta, que preside la Comisión de Subsecretarios y ya dio la voz de alarma antes de las vacaciones de verano, trata de sustituir la caída de la actividad con la aprobación de decretos de desarrollo de las leyes y la presentación de informes sectoriales. En las últimas semanas los ha habido de Exteriores, Medio Ambiente o sobre tratamiento de la violencia de género en las televisiones.

Pero la vicepresidenta no está satisfecha del resultado. Es de la opinión de que la acción del Gobierno pasa por los Consejos de Ministros de los viernes y su comunicación al exterior. Una tesis idéntica defendió ayer el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, en el Foro Nueva Economía. Éste dio otra clave cuando señaló que lo que vende es el debate y no el acuerdo. Y lo que origina debate son las leyes, no los decretos.

La última intervención de la vicepresidenta ante una comisión que acusa el cansancio de una legislatura muy intensa ha tenido efecto. En los escasos Consejos de Ministros que quedan antes de disolver las Cortes, el Gobierno abordará cuestiones de fuerte impacto social, como el desarrollo de la Ley de Igualdad -que persigue eliminar discriminaciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos- y el pago de la pensión alimentaria tras las separaciones matrimoniales. Para sacar algunas de esas iniciativas, De la Vega está teniendo que agitar la máquina burocrática del Estado, que a veces actúa como freno de reformas sociales de interés ciudadano, según fuentes socialistas. En este sentido, son frecuentes sus debates en la comisión con la subsecretaria de Economía, Juana Lázaro, guardiana de las esencias administrativas, según las mismas fuentes.