El TSJ cree que la adjudicación de los aparcamientos fue arbitraria

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha archivado la causa abierta al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y dos ediles más de su equipo (Sonia Castedo y Luis Concepción) por prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al contratista Enrique Ortiz. En el sumario, incoado por el juzgado número 8 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, estaban imputados, además, el empresario y el jefe del área de Tráfico del Consistorio, Antonio Escobedo, también exculpados por el TSJ.

El fiscal estimó en 2,2 millones el quebranto para el Ayuntamiento El instructor señala que el objetivo no era "beneficiar" al promotor

El sumario fue derivado hace apenas un mes por el magistrado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ por imperativo legal: el aforamiento de uno de los imputados, el regidor Alperi, elegido diputado autonómico.

En su auto, según una nota del TSJ, el instructor del alto tribunal argumenta que "hay que distinguir entre la actuación administrativa [el trámite de adjudicación de los aparcamientos] que, siendo arbitraria, no implica un dolo penal aunque pueda suponer irregularidades administrativas que deben resolverse en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativo".

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su denuncia de agosto de 2006 apreció delito en la modificación del contrato inicial de los aparcamientos y estimó el quebranto económico para el Consistorio en 2.268.060 euros. Los aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por un total de 14,8 millones de euros y por un período de 40 años. Más adelante, Ortiz presentó un reformado que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto el apartado del presupuesto, que pasó a 17,8 millones, como del plazo de la concesión, que aumentaba en diez meses más.

El fiscal consideró que "existió un concierto previo entre el alcalde, la concejal delegada de Urbanismo [Sonia Castedo] y el concejal de Seguridad Ciudadana [Luis Concepción] con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial". Briones mantenía que ante la negativa de los técnicos de Urbanismo a autorizar el modificado se trasladó el expediente a la Concejalía de Tráfico, que lo validó. El fiscal denunciaba que la junta de gobierno, en sus reuniones del 14 de marzo y 4 de julio, redujo el sobrecoste real del modificado porque la cuantía excedía del 20% el presupuesto inicial, extremo que requería un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo.

El instructor del TSJ desbarata los argumentos de Briones. Primero, no aprecia la existencia de un concierto previo entre el alcalde y la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad "para permitir a la empresa adjudicataria de las obras, cuya adjudicación del contrato no se cuestiona por ser la única licitadora, una modificación del contrato de obra". Tampoco considera acreditado el presunto delito de tráfico de influencias, "ni de los miembros del equipo de gobierno ni de la mercantil adjudicataria del contrato, pues no consta que sus responsables hayan ejercido influencia alguna para el traspaso del expediente de una concejalía a otra, ni tampoco para la emisión del informe en determinado sentido".

El TSJ rechaza que la modificación del proyecto "pudiera generar un beneficio al contratista". Y por lo que se refiere a la superación del 20% de presupuesto inicial, "se entiende que los parámetros sobre los que partió el presupuesto inicial son discutibles y, por tanto, según la versión de las partes, se superaría o no dicho 20%". En cuanto a los otros tres delitos incluidos en el sumario (falsedad, apropiación indebida y malversación de caudales públicos) asevera que están íntimamente relacionados con el de prevariación, "por lo que al no apreciar que ésta existe, son inaplicables".