5.000 discapacitados recibirán a partir de diciembre las ayudas fijadas por ley

Nadie en Cataluña ha recibido todavía ayudas por la Ley de la Dependencia que empezó en mayo. El desarrollo de esta norma estatal se ha convertido en un complicado entramado para la Administración, los trabajadores sociales y, sobre todo, para las personas que esperan que lleguen por fin esas ayudas. Los primeros empezarán a cobrar a partir de diciembre. En total, unos 5.000. Son los que presentaron su solicitud en mayo, y en las próximas semanas recibirán el Programa Individual de Atención (PIA), que determinará a qué servicio tienen derecho. La Generalitat reconoce un retraso de alrededor de un mes en la elaboración de estos planes.

Ocho de cada 10 solicitantes cobrarán el total de la prestación económica sin ninguna deducción. Son personas con un grado de dependencia 3, el más alto, que disponen de unos ingresos inferiores a 17.700 euros anuales. Así lo anunció ayer la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila. Los grandes dependientes optarán a ayudas en forma de una plaza de residencia, atención domiciliaria o asistente personal, por ejemplo.

Los dependientes de clases más altas sólo verán reducida su prestación en un 20% porque el objetivo es que las ayudas sean universales, insistió Capdevila. Se trata de un "esfuerzo" para tratar de que "no queden excluidas las personas de clase media", insistió.

La Generalitat complementará algunas prestaciones que marca la ley estatal, de manera que las personas que tengan una plaza en una residencia privada pero acreditada por el Gobierno catalán y que tengan unos ingresos inferiores a 17.700 euros anuales, recibirán una ayuda de hasta 1.308 euros para pagar esta plaza, gracias a los 528 euros de la Generalitat, que se sumarán a los 780 euros mínimos garantizados.

Tarde, pero no menos

Las ayudas son retroactivas al día que la persona realizó la solicitud. "Cobrarán más tarde, pero no cobrarán menos", aseguró el presidente de la Generalitat, José Montilla. Las ayudas se calculan en función de los ingresos del solicitante y no de la familia. Además, habrá servicios que se podrán combinar. Por ejemplo, la persona que se quede en su domicilio cobrará una prestación económica para su cuidador por un importe de 480 euros, pero también recibirá ayuda para asistir a un centro de día. "Es una atención a la carta", insistió la consejera, quien no se cansó de repetir que el sistema es complejo.

Capdevila respondió a la velocidad con la que alguna otra comunidad autónoma ha aplicado la normativa: "Otras comunidades han optado por un modelo centralizado, mientras que nosotros contamos con la Administración local, que es la que dispone de la información".

El Programa Individual de Atención es un contrato que firman el trabajador social y la persona dependiente y que puede ser impugnable. Éste es el papel que esperan los solicitantes de las ayudas. También lo espera Alberto Marcos, de 22 años. Sufrió una lesión cerebral al nacer. Sus padres solicitaron acogerse a la nueva ley. Hace un mes recibieron la evaluación y ahora esperan la llamada. Sus padres quieren sobre todo una atención domiciliaria que les ayude en las tareas diarias.

La Generalitat ha recibido 52.068 solicitudes de usuarios que piden ser reconocidos como grandes dependientes y se han evaluado 37.789 (76%), de las que 25.218 (69%) han acreditado el resultado de grado de alta dependencia.