El Congreso se queda sin tiempo para reformar 120 artículos del Código Penal

Una de las leyes más ambiciosas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la de reforma del Código Penal en 120 de sus 639 artículos, está a punto de ser archivada en un cajón. El Ejecutivo presentó el proyecto hace un año, pero la ley se ha ido eternizando en el trámite parlamentario y ahora, a menos de un mes para el fin de la legislatura, ya no queda tiempo para sacarla adelante.

"Los grupos minoritarios pidieron la enésima prórroga del plazo de enmiendas hace una semana. Salvo milagro de última hora, va a haber que dejar esa reforma para la próxima legislatura y empezar desde cero otra vez", admite Juan Luis Rascón, diputado socialista que defiende el texto en la Comisión de Justicia del Congreso.

Conscientes de que la ley no iba a salir, los grupos acordaron hace meses desgajar del texto la parte referida al endurecimiento de penas por delitos de tráfico, que sí ha sido finalmente aprobado y entrará en vigor en pocos días. Pero el resto del articulado -un barrido a todo el Código Penal que modificaba cosas tan dispares como el trato a los delincuentes reincidentes, la clonación, el crimen organizado, el acoso laboral, la prostitución de menores, los delitos informáticos, los fiscales o los urbanísticos- ha quedado encallado en el Congreso y dormirá el sueño de los justos hasta que el próximo gobierno decida si retoma la iniciativa. Éstas son algunas de las novedades que contenía el proyecto de ley:

- Las organizaciones también delinquen. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, lo advirtió en el debate de entrada de la ley en el Congreso, el pasado 13 de septiembre: la nueva ley pretende romper "un viejo tabú, el de la personalización de la pena"; esto es, que son las personas físicas, no las jurídicas, las que delinquen: societas delinquere non potest. "Las sociedades no delinquen, se decía con gran énfasis y además en latín. Es tiempo de hablar en castellano y decir que el Estado democrático no puede seguir soportando la realidad de organizaciones constituidas para el delito", zanjó el ministro. El proyecto establece que, "en delitos de indudable trascendencia", las personas jurídicas (empresas, bancos, organizaciones) y no sólo los individuos que las forman son "plenamente responsables".

- Crimen organizado. La mera pertenencia a una organización "que tenga por objeto cometer delitos" será castigado con prisión de dos a seis años. Este artículo fue especialmente aplaudido por CiU, que lo veía como solución para frenar el "fenómeno creciente de los asaltos a domicilios perpetrados por bandas" cuando éstos quedan en grado de "tentativa" pero crean "evidente alarma social".

- Expulsión de extranjeros delincuentes. Uno de los objetivos principales de la reforma era anular una modificación introducida por el Gobierno del PP en 2003 que suponía la expulsión inmediata de España de los inmigrantes que cometieran delitos menores. El Tribunal Supremo ya dejó sin efecto ese artículo en 2004, y ahora el PSOE quería eliminarlo definitivamente de la legislación.

- Delitos urbanísticos. La pena de cárcel contra los "promotores, constructores o técnicos que lleven a cabo obras de urbanización no autorizadas" alcanza los cuatro años (ahora es un máximo de tres años); y también se endurece el castigo a los funcionarios que "informen favorablemente proyectos de urbanización contrarios a las normas urbanísticas vigentes". Quienes realicen "emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, extracciones, vibraciones, inyecciones o depósitos" que pongan en peligro el medio ambiente podrán pasar hasta cinco años en prisión (un año más que en la actualidad).

- Prisión para piratas informáticos. El texto castiga con hasta dos años de prisión a quien, "vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, accediera sin autorización a datos o programas informáticos", sin matizar los efectos del pirateo. Esto provocó ya hace un año la reacción de la comunidad hacker, que sostiene que no todos los piratas informáticos causan daños: algunos sólo se mueven por curiosidad e incluso denuncian fallos de seguridad cuando consiguen burlarlos.

- Más severidad con los reincidentes. A los reos reincidentes y habituales "no se les podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad". A los habituales tampoco se les podrá sustituir la pena de cárcel por un castigo alternativo.

- Prostitución de menores. Por primera vez, el Código Penal iba a introducir penas de cárcel (de uno a cinco años) para quien "solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz". Es decir, para los clientes de prostitutas menores o discapacitadas. Ese delito se sumaría en su caso al ya previsto de corrupción de menores.

- Cárcel por clonar. La clonación de seres humanos será delito, con pena de uno a cinco años de cárcel. También, en otro orden de cosas, la "clonación de tarjetas de crédito", que pasa a constituir un delito de estafa.

- Castigo al acoso laboral y a los 'asustaviejas'. El proyecto de ley introduce el delito de "acoso psicológico en el marco de una relación laboral", y lo extiende a "cualquier otra relación contractual". Fernández Bermejo aludió expresamente a los contratos de arrendamiento, "cuando se coacciona a los inquilinos de renta antigua para que abandonen la vivienda". Una táctica de algunos agentes inmobiliarios conocidos popularmente con el nombre de asustaviejas.