Modernizar la PAC

La Política Agrícola Común (PAC) sigue siendo el principal destino del presupuesto comunitario: el 40% de esos recursos (equivalentes en 2006 a 42.000 millones de euros) se asignan a un sector que apenas representa el 4% del PIB de la UE y algo más del empleo. Una excesiva concentración del gasto que, además de limitar el crecimiento de otros programas más acordes con la realidad económica, genera no pocas ineficiencias y, desde luego, importantes agravios a aquellos países menos desarrollados no europeos, más dependientes de la producción agrícola para su desarrollo.

De las tres propuestas, por el momento sometidas a un mero "chequeo" (la consulta durará seis meses) por la comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer Boel, la más controvertida es la simplificación del régimen de ayudas directas, lo que significará la reducción de las ayudas agrícolas a los propietarios de grandes explotaciones. Tomando en consideración las diferencias entre explotaciones de varios propietarios con numerosos trabajadores y aquellas de un solo propietario con pocos trabajadores, se trata de eliminar la excesiva concentración de las ayudas en explotaciones cuyos propietarios no las necesitan o en fincas destinadas a otros propósitos.

Es un propósito razonable, como lo es revisar las ayudas recibidas por los agricultores más débiles. En 2005, el 18% de los beneficiarios percibió el 85% de los pagos. La reina de Inglaterra figura entre las grandes receptoras, con 700.000 euros. Pero también han sido acreedores de esas ayudas, según el Tribunal de Cuentas, propietarios de fincas en las que el "cultivo" más importante son campos de golf, compañías de ferrocarriles británicas o clubes de equitación, entre otros. La desaparición de estas irregularidades, que permiten hoy pagar ayudas a fincas improductivas, debería ser compatible, en todo caso, con sortear el riesgo de penalizar las fincas más eficientes.

Las otras dos iniciativas pretenden adecuar las intervenciones a la globalización, orientando al mercado las reformas, así como fortalecer las políticas de "desarrollo rural", la promoción de acciones complementarias a la agricultura, medidas para la prevención de las crisis, para un uso más sostenible del agua o para propiciar un crecimiento más sostenible y combatir el cambio climático.

Con independencia de las mejoras que finalmente se introduzcan, las propuestas de reforma apuntan en la dirección correcta. Desde luego de racionalización de la más cara de las políticas comunitarias, pero también de fortalecimiento de la autoridad de la UE para negociar en los foros multilaterales -la OMC en particular- la liberalización de los intercambios y no bloquear el desarrollo de aquellos países en los que la agricultura es la fuente principal de riqueza. De la racionalización de la PAC también dependerá, en definitiva, la propia legitimidad del presupuesto comunitario.