17 imputados por falsificar permisos de inmigrantes

La juez de Madrid Carmen Valcárcel mantiene como imputadas por falsificación documental, cohecho, prevaricación, estafa y pertenencia a asociación ilícita a 17 personas dentro de la trama de corrupción que destapó en julio de 2006 en la Delegación del Gobierno de Madrid. A cambio de dinero, dos funcionarios facilitaban supuestamente papeles a inmigrantes. Aparte de los funcionarios, en la trama también hay implicados dos abogadas, una gestora en temas de extranjería y 11 inmigrantes, que ofrecieron dinero para que les consiguieran los papeles.

El modus operandi de la trama era el siguiente: los imputados Álvaro S. C. y Claudia S. P. tenían un locutorio en Madrid que utilizaban para captar a inmigrantes necesitados de regularizar su situación. Les pedían dinero a cambio de los papeles. Luego intervenían las abogadas -entre ellas, Cristina G. L.-, que se encargaban supuestamente de llevar los nombres de los inmigrantes a la Delegación del Gobierno, en concreto, a la funcionaria Sonia A. V., quien también recibía una parte del dinero que adelantaban los inmigrantes. Lo que supuestamente hacían los funcionarios era manipular los expedientes de los extranjeros en el sistema informático.

Los extranjeros pagaban entre 50 y 100 euros a los 'jefes' de la trama

La falsificación de expedientes se hacía con la clave de un compañero jubilado

El acceso al ordenador en el que se manipularon los expedientes se hizo a través de la clave de un funcionario que ya estaba jubilado. A través de ese ordenador, la trama penetró en el sistema informático de la Dirección General de la Policía. En definitiva, los funcionarios cobraban por retocar expedientes de extranjeros que habían sido denegados o inadmitidos y les daban luz verde a la concesión de los permisos.

El sumario de este caso se halla ahora en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Madrid. El fiscal tendrá que decidir quiénes de los 17 imputados deben sentarse en el banquillo de los acusados. Los 11 inmigrantes están imputados porque accedieron a pagar dinero a cambio de que les consiguieran los permisos. Las cantidades pagadas no eran muy elevadas, entre 50 y 100 euros cada uno. Los inmigrantes, aunque sabían que al pagar cometían un delito -por eso están imputados-, podrían quedar exonerados por el estado de necesidad que les llevó a favorecer las ilegalidades de la trama. Cinco de los 17 implicados ingresaron entonces en prisión.

Los investigadores tienen constatados, de momento, la manipulación de una treintena de expedientes de inmigrantes a través de la Delegación del Gobierno. Pero existe la convicción de que fueron muchos más los trámites manipulados por funcionarios de la propia Delegación del Gobierno.

El caso lo investiga la juez Carmen Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de plaza de Castilla, que declaró secretas las actuaciones en tres ocasiones.