La derecha, contra el Estado

Desde el siglo XIX, las relaciones Cataluña-España han respondido a dos estrategias, marcadas por la ideología y los intereses de clase social. Las derechas catalanas se limitaron a tejer pactos coyunturales y revisables con la oligarquía madrileña, terrateniente y financiera, y a reclamar sin éxito un margen de autonomía para sus asuntos propios, aunque con éxito total para su defensa armada frente al movimiento obrero. Las izquierdas, en cambio, han pretendido hasta hoy mismo la creación de un verdadero Estado español; es decir, un sistema jurídico común que, federando su pluralidad nacional, impusiera por ley la voluntad popular y la justicia social a la oligarquía conservadora, caciquil y centralista. Tal pretensión no se logró, al menos en teoría, hasta la Constitución vigente, de la que fue artífice decisivo el Partit dels Socialistes de Catalunya con el apoyo del PSOE.

En rigor, España no ha tenido auténtico Estado hasta 1978. No era Estado la monarquía autoritaria, apoyada en un ejército represor y colonial y en una Iglesia privilegiada y poderosa. No era democracia el bipartidismo turnante de unas élites conservadoras surgidas de la burguesía dominante. Hasta el siglo XX no aparece una lenta y débil oposición obrera y campesina, sindical y política, que se suma con cierto recelo a los federalistas y republicanos de origen catalán, impulsores de la efímera República de 1873, abolida manu militari. Los gobiernos españoles reprimieron cualquier intento de cambio social, de democracia y de autonomía regional. Cuando la propia crisis de un régimen así, sin Estado, condujo a la II República, progresista y autonomista, las derechas, con el apoyo de los militares más reaccionarios y de la jerarquía eclesiástica, arrasaron por las armas al país e instauraron el régimen ideal para sus intereses: una prolongada dictadura que sólo concluyó por coincidir su inviabilidad futura en una Europa unida y la presión popular, encabezada, como siempre, por las izquierdas catalanas, que empujaron a las del resto de España.

Treinta años después de tal giro histórico, el Estado democrático y social de Derecho es por fin una realidad jurídica, y estaría en camino de serlo en la práctica política y social si las viejas derechas no hubieran recuperado su poder, el antiguo y el franquista, con los gobiernos de Aznar. Éstos fueron concentrando en sus manos los tres poderes del Estado, ningunearon la monarquía parlamentaria de un rey "pro socialista", privatizaron mucho del sector público e iniciaron el desguace neoliberal-autoritario del Estado. Perdido el poder por su propia amoralidad congénita, han practicado con mayor ahínco desde la oposición la destrucción de las instituciones estatales, el juego limpio democrático y el enfrentamiento separador entre pueblos y ciudadanos. Es lógico su odio al nuevo Estatuto catalán, modelo generalizable y "peligroso". Su proyecto es volver a un régimen de poder monopolizado y excluyente manteniendo la ficción formal de Estado, que asegure de hecho la hegemonía de su partido en connivencia con ciertos grandes grupos de negocios. Pero, una vez más, ha sido la izquierda catalana, dirigida por Pasqual Maragall y ahora por José Montilla, la que ha vuelto a exigir que España tenga Estado y que su aliado natural, el PSOE, sea coherente con su tradición y no ceda a la destrucción interesada de la derecha extrema del PP. La catalanofobia de la oligarquía madrileña influye aún en un sector del PSOE que parece celoso del repetido papel de la izquierda catalana como adelantada e impulsora de la construcción de un Estado moderno y justo. España no tiene salida en la grave crisis actual de su Estado si no entiende y acepta el impulso que de nuevo recibe desde aquí. El leal aviso del presidente Montilla (que es también el representante del Estado en Cataluña) no sólo favorece al Gobierno de Rodríguez Zapatero pues lo alerta, sino al Estado español, amenazado por la derecha. Si ésta ganase las elecciones de marzo, Cataluña volvería a ser, como en las dos repúblicas, el bastión, casi en solitario, de la democracia española. Para que eso no ocurra no vale darle la espalda al Gobierno actual o futuro, sino ayudarle a ganar a la derecha y a reconstruir un Estado federal de justicia social como siempre pretendió la Cataluña popular y su izquierda política. Cuando el presidente Montilla expresa con sinceridad que el desapego catalán puede ser irreversible recuerda a los sin memoria que el separatismo del siglo XX provino de un federalismo frustrado, que, sin un Estado apropiado y apropiable, se veía forzado a crearse un Estado propio. El presidente Companys habló de separatistas y separadores. ¿Quién impulsa hoy la separación?: la derecha, para que Cataluña renuncie a su impulso transformador. ¿Quién puede frenar a los separadores?: la izquierda española, si es izquierda de verdad y no una copia visceral de la derecha, frívola e irresponsable. Una vez más en la historia de España, los catalanes tenemos la obligación moral de seguir luchando con nuestro voto contra la derecha española. ¡Qué más quisiera ella que nuestra abstención!

J. A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional de la UB.