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Investigadas 14 personas más por la trama de corrupción de las licencias

Seis implicados están en prisión - 25 acusados y testigos declaran esta semana

La trama de corrupción (Operación Guateque) formada por funcionarios del Ayuntamiento de Madrid se extiende. No sólo afecta a las 17 personas ya detenidas, la mayoría empleados municipales acusados de recibir dinero a cambio de agilizar licencias. Otras 14 personas están siendo investigadas por su presunta relación con la red, según fuentes de la investigación. El juez ha enviado a prisión a seis detenidos (cinco de ellos funcionarios) y ha dejado en libertad a nueve presuntos implicados, algunos con cargos.

El juez Santiago Torres interrogó ayer a otros cuatro implicados, de los que tres quedaron en libertad, e impuso una fianza de 3.000 euros a la funcionaria de la Junta del Distrito de San Blas Sara López Moreno. A falta de otras tres personas que aún no han declarado, el juez ha enviado a prisión al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de impacto y análisis ambiental; a Joaquín Fernández de Castro, jefe de departamento de evaluación ambiental en la misma consejería y a Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de evaluación ambiental. Los tres trabajaban en la Concejalía de medio ambiente. También permanecen en prisión dos técnicos ajenos al ayuntamiento, Santiago Castillo Morales y Antonio Sanz Escribano. La identidad del sexto preso no se ha facilitado.

Tres de los cuatro implicados que ayer comparecieron ante el juez, en libertad

Fianza de 3.000 euros para una funcionaria de San Blas

Esta semana está previsto que pasen ante el juez, entre acusados y testigos, un total de 25 personas. Ya antes del pasado sábado, siete de los detenidos fueron puestos en libertad sin pasar ante el juez, aunque aún pesan cargos sobre ellos.

Las pesquisas continúan y, además de los 17 que por ahora han sido detenidos (entre los que no se encuentra la funcionaria del departamento de Medio Ambiente M. A. D. L., a quien sólo se citó como testigo), se investiga a otras 14 personas, cuyas identidades y cargos no han sido facilitados. La cifra de detenidos aumentará según se vayan purgando los 185 expedientes sobre concesión de licencias bajo sospecha. Los documentos fueron obtenidos en los 16 registros practicados, seis de los cuales afectaron a departamentos municipales (dos en la Gerencia de Urbanismo y los restantes en el departamento de Medio Ambiente y en las juntas municipales de Chamberí, Centro y San Blas).

La operación ha supuesto una nueva gresca política en el Ayuntamiento. Si la semana pasada era el PSOE el que insistía en que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, debía asumir responsabilidades, ayer fue el PP el que replicó, con el funcionario Victoriano Ceballos como arma arrojadiza. El PSOE acusó al PP de haber permitido que Ceballos siguiera en su cargo pese a haber sido investigado por delitos similares en 1996. El PP contestó que Ceballos llegó al Ayuntamiento en 1980 de la mano de su cuñado, el entonces edil socialista de Personal, Saturnino Zapata, que por libre designación terminó nombrándolo jefe de división.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de noviembre de 2007