Bruselas propone una revisión de la Política Agrícola Común

La Comisión Europea dará luz verde esta semana a una propuesta para la revisión de la reforma de la Política Agrícola Común aprobada en 2003. Tras los debates con los países miembros, se espera que los reglamentos para su aplicación estén aprobados la primavera próxima y su entrada en vigor de forma progresiva en los próximos dos años.

Las negociaciones pueden suponer igualmente el inicio de un debate sobre el futuro de los presupuestos comunitarios para el sector agrario a partir de 2014.

Las propuestas más importantes afectan a los ajustes en el pago único para detraer fondos de las ayudas directas y su destino al desarrollo rural; y en el incremento de la cuota láctea, con vistas a su eliminación en 2015.

En lo que afecta al pago único, Bruselas pretende que éstos sean totalmente desacoplados (no ligados a la producción) de forma obligatoria en la totalidad de los productos, sin dejar ninguna opción a los Estados miembros.

De acuerdo con esa propuesta, se da por seguro que en el futuro el desacoplamiento total o pagos sin producir se aplicará en los cereales.

Ayudas directas

En la actualidad, el pago desacoplado en España es del 75%. España no se opone a que sea totalmente desacoplado el pago en el olivar, pero hay oposición a desacoplar totalmente en ovino o en vacas nodrizas.

En relación con el importe de las ayudas directas, unos 4.500 millones de euros, Bruselas mantiene su estrategia de reducir los pagos para aumentar las disponibilidades con destino al desarrollo rural. En esta línea, se plantea aumentar la modulación de ayudas, actualmente en el 5%, a partir de los 5.000 euros en unos porcentajes desde 2009 o 2010 que podrían estar entre el 1% y el 2% cada año.

En la misma estrategia se plantea una regresividad en las ayudas a partir de unos techos a determinar, que podrían partir de los 100.000 euros. En la parte baja, se propone igualmente eliminar pagos entre los 50 y los 100 euros, ya que en estos casos suponen más los costes burocráticos que su importe.

La distribución de esos recursos deberá ser objeto de debate. En la actualidad, el 80% de lo recaudado se queda en cada país y el 20% restante se administra y se redistribuye desde Bruselas, en función de criterios como superficie, población o renta.