Cinco detenidos son funcionarios de Medio Ambiente, y cuatro, de Urbanismo

La operación Guateque ha logrado desarticular una red de corrupción enquistada en las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y en la Junta Municipal del distrito de Centro, con tentáculos en Chamberí y San Blas, según las detenciones llevadas a cabo hasta el momento. La Guardia Civil afirmó ayer que en los próximos días podrían producirse nuevos registros y arrestos con el avance de las investigaciones.

Pese a las evasivas lanzadas por los actuales responsables del Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, ningún equipo de gobierno municipal ha sido capaz en los últimos mandatos de identificar y atajar las prácticas ilegales que se dan en una de las áreas clave de cualquier ayuntamiento: la concesión y tramitación de licencias. Estas prácticas, según los primeros datos que han trascendido de la investigación, que sigue bajo secreto de sumario, consistían en el cobro de mordidas de entre 3.000 y 18.000 euros para agilizar trámites o retrasar sanciones.

Cinco empresas colaboraban con la trama desarticulada, según las pesquisas

Preguntado por la incapacidad de los controles internos del Ayuntamiento para detectar la corrupción en su interior, Gallardón respondió que "es muy difícil controlarlo porque no es una decisión irregular, sino una dosificación de los tiempos".

De los 16 funcionarios detenidos, cinco ocupaban cargos de responsabilidad en el área de Medio Ambiente: J. F. C., V. C. F., E. I. M., M. E. O. R. y M. A. D. L. El primero de ellos, según fuentes municipales, fue colaborador de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, cuando ésta ocupó la Concejalía de Medio Ambiente entre 1991 y 1996. Según la investigación, el segundo foco de corrupción de la red estaba localizado en la Gerencia de Urbanismo, en la que trabajan F. R. T., A. L. R., O. A. F. y J. R. O. El primero de ellos posee una empresa de promoción de viviendas en Villaviciosa de Odón.

La red también estaba presente en las juntas municipales de distrito, especialmente en Centro. Allí ejercen sus funciones los detenidos F. Z. M. de B., M. M. F., A. M. C. y M. Á. H. En el vecino distrito de Chamberí trabajaban los funcionarios también imputados M. G. B. y J. A. M., y en el de San Blas lo hace S. L. M. Según dijo el vicealcalde, Manuel Cobo, todos estos empleados públicos "llevan muchos años en sus funciones" y en ningún caso tienen relación con cargos políticos.

El alcance de la red se completaba con un reducido grupo de cinco empresas que, supuestamente, colaboraban con los detenidos y a las que éstos remitían a los empresarios que deseaban abrir bares y locales comerciales.

Una de estas empresas es un estudio de arquitectos situado cerca de la Junta de Centro. Su propietario es S. C. M. En el segundo caso se trata de un despacho de ingeniería ubicado en Chamberí. Las otras tres compañías supuestamente relacionadas con la trama se dedican a obras y trabajos de albañilería. Están ubicadas en Carabanchel, Arganzuela y Salamanca.