El alcalde de Oropesa admite haber viajado con el promotor de un PAI

El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), acudió ayer a declarar ante el titular del juzgado número 2 de Castellón en la causa abierta ante la posible comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries, en la zona de expansión del complejo Marina d'Or. Albert se amparó en los informes de los técnicos municipales para defender esta aprobación, pese a que la Consejería de Territorio condicionó el programa a que la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, emitiera un informe favorable. Sin embargo, las dos ocasiones en las que Costas informó sobre el PAI fue de forma negativa.

El alcalde de Oropesa aseguró que nunca recibió ningún tipo de directriz para la aprobación de este programa, de alrededor de 350.000 metros cuadrados, y admitió haber sido invitado y haber viajado con el presidente del grupo Marina d'Or, Jesús Ger, a Londres y a China. También reconoció que su esposa posee una tienda en el complejo y precisó que se trata de un local alquilado. Rafael Albert se negó a contestar a las preguntas del abogado de la acusación que, entre otras cosas, le interrogó sobre si la tienda ha suministrado al grupo Marina d'Or en alguna ocasión. El alcalde argumentó, en todo, momento, que se basó en los informes de los técnicos municipales, que en todo momento fueron positivos, y en su consideración de que la aprobación de esta programa en la zona de expansión de Marina d'Or era lo mejor para Oropesa Tanto el alcalde como los dos técnicos municipales que también están imputados, la secretaria y el arquitecto, están asistidos por el mismo letrado que defiende al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en la causa abierta en Nules, por la que también se le investiga ante la posible comisión de un posible delito de tráfico de influencias.

En el caso de los técnicos, que en el momento de la aprobación ocupaban los puestos de forma accidental, ambos negaron, igualmente, haber recibido algún tipo de instrucción para sacar adelante el programa urbanístico. Los dos declararon ante el juez que, en su opinión, Costas se extralimitó en sus atribuciones al informar sobre el programa, pese a que reconocieron el documento remitido por la Consejería de Territorio en el que se exigía el dictamen favorable de la Dirección General de Costas. Sus informes, que sirvieron de base para sacar adelante el PAI, alegaron las mismas razones que un informe presentado por Marina d'Or en el que se concluía que la información de Costas no era vinculante.

La tramitación del PAI contó con otras "irregularidades" ya que, por ejemplo, un funcionario de la Administración sí suscribió un informe en el que, incluso, hacía referencia a las "instrucciones" remitidas por un director territorial de Territorio. Siguiendo el "mandato" de sus superiores, los técnicos informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de que para poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible".

Sobre este programa pesaba, además de la querella presentada por particulares afectados, una demanda presentada por la Generalitat valenciana contra el Ayuntamiento de Oropesa al considerar la aprobación "ilegal". Sin embargo, el departamento que dirige José Ramón García Antón decidió retirar el recurso con el mismo argumento que el esgrimido por Marina d'Or y aunque en un principio consideró que resultaba "preceptivo el informe de esta dirección general del Ministerio de Medio Ambiente, informe que tiene carácter vinculante", posteriormente consideró que no era necesario.