Los alcaldes exigen tener una cuota en la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia ha abierto un nuevo frente entre la Vicepresidencia de la Xunta y los alcaldes, encabezados por los de las principales ciudades y el presidente de la federación municipal, Xosé Crespo. Tras el conflicto por la gestión de las galescolas, regidores de cinco de las grandes urbes gallegas se han dirigido por carta al vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, para lamentar la "centralización administrativa" en la aplicación de la ley. Crespo, que acusa a Quintana de incumplir el Pacto Local, se ha sumado a la petición de "mayor participación" de los municipios.

Las reivindicaciones de los ayuntamientos tienen que ver con las valoraciones de los demandantes de las percepciones y servicios a que da derecho la nueva ley, que entró en vigor el 1 de enero pasado. Pero también con la tramitación de las ayudas.

Desde la perspectiva local, frente a los 158 especialistas contratados por la Xunta para realizar los exámenes de los demandantes, los ayuntamientos poseen "315 oficinas repartidas por todo el territorio", en referencia al número de ayuntamientos, y una red de servicios sociales mucho más próxima a los beneficiarios que la que está organizando la Xunta. Los alcaldes de A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo y Ferrol se han dirigido por carta al nacionalista Anxo Quintana para reclamar su participación en la ley, cuya implantación depende la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

"El procedimiento diseñado por tu departamento excluye a los ayuntamientos", acusa en su misiva el regidor orensano, el socialista Francisco Rodríguez. En parecidos términos se expresan alcaldes de otras ciudades. El de Vigo, Abel Caballero, también no envió la misiva por respeto a las competencias que ejerce el BNG en el bipartito municipal, aunque comparte el criterio. "Hay un excesivo afán de centralización por parte de la Xunta", acusa Abel Caballero.

Otro tres alcaldes socialistas también se han dirigido a Quintana en términos similares. El lucense José López Orozco ofreció al vicepresidente "trabajo y colaboración para hacer las cosas lo mejor posible, como se está haciendo en otras autonomías".

Vicente Irisarri, de Ferrol, ha invitado a Quintana a visitar la ciudad para conocer el funcionamiento de los servicios sociales locales. Xosé Sánchez Bugallo, regidor de Santiago, acusa al vicepresidente de "negar la participación" de los ayuntamientos.Todos los alcaldes de grandes ciudades que enviaron carta a Quintana son socialistas, aunque el Partido Popular comparte las críticas al modo en que se está aplicando una ley apetitosa desde el criterio político. Los portavoces del PP y el PSOE en la Federación Galega de Municipios e Provincias, Xosé Crespo y Manuel Lagares, coinciden en sus planteamientos.

Mientras, el del BNG, Francisco García, alcalde de Allariz, sostiene que "nadie niega a los ayuntamientos la posibilidad" de colaborar, aunque considera "lógico que haya una coordinación a través de Vicepresidencia". El secretario de Organización del PSOE, Ricardo Varela, confirmó el "gran enfado" que existe entre los alcaldes de su partido por lo que interpreta como una "marginación". Vicepresidencia niega que se le esté negando participación a los alcaldes. "Los ayuntamientos ya participan en una fase muy importante, como es la elaboración del informe del entorno social del demandante", explica Bieito Seara, director general de Acción Social, el departamento autonómico encargado de aplicar en Galicia la ley del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los encargados de las valoraciones, en cambio, "no pueden ser de los ayuntamientos ni de nadie", agrega Seara, que destaca asimismo la "importante participación" municipal en la gestión de las ayudas a domicilio.

Seara reconoce que existe "contestación" de los alcaldes, que tacha de "torpeza" y atribuye a una "mala información". El responsable de Acción Social de Vicepresidencia admite que la Administración local "no tiene un papel muy importante" en la Ley de Dependencia, aunque advierte: "Nosotros, desde la Xunta, les estamos dando el máximo protagonismo posible". Según el director general, no hay ninguna comunidad autónoma en la que los ayuntamientos puedan llevar a cabo lo que reclaman los de Galicia, ya que "la ley establece que las valoraciones las deben realizar las comunidades autónomas".

En Galicia, de esas valoraciones se encarga un equipo contratado por la Xunta que, según Vicepresidencia, tiene a Galicia a la cabeza de la realización de valoraciones, sólo por detrás de Andalucía. La visión del Gobierno central es distinta. Semanas atrás, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, remitió cartas a todas las comunidades autónomas con un repaso de la situación, debido a la preocupación existente en el Ejecutivo de Zapatero sobre el ritmo de aplicación de la ley. Según aquella misiva, en Galicia sólo dos dependientes habían sido evaluados. Vicepresidencia sostiene, en cambio, que ya se ha evaluado a 8.000 personas, de las que 1.000 ya han sido notificadas.

Desde hace unas semanas, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha enviado mensajes para que se agilice la aplicación de la Ley de Dependencia, que, un año después de su aprobación, apenas ha surtido efectos prácticos. El programa social pretende ser uno de los ejes de la oferta del PSOE para las elecciones generales de marzo. Días atrás, el propio Zapatero se dirigió a los presidentes de las comunidades gobernadas por su partido para instarles a que trabajen más intensamente en la aplicación de la ley, que, a su vez, choca con las reticencias de algunos gobiernos del PP como el de la comunidad de Madrid.

Unos 16.000 grandes dependientes tienen derecho en 2007 en Galicia a las percepciones y servicios contemplados en la ley. La Xunta culpa al Gobierno central del retraso en el inicio de las valoraciones, aunque garantiza que, antes de que finalice el año, esas 16.000 personas serán evaluadas. A ellas se sumarán en 2008 otras 10.000 con dependencia severa grado II, hasta llegar a 190.000 beneficiarios de la ley que se calcula que habrá en 2015.

El conflicto por la Ley de Dependencia es el segundo que enfrenta en las últimas semanas al departamento de Quintana con la federación de municipios. En octubre, alcaldes del PSdeG y el PP ya hicieron patente su malestar al considerarse excluidos de los planes de gestión de las galescolas, la red de guarderías públicas creada por la Vicepresidencia de la Xunta.

Información elaborada con colaboraciones de Paola Obelleiro, Arcadio Silvosa, Lorena Bustabad, Primitivo Carbajo y Cristina Huete.