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El PP no retirará su recusación pese al desmentido de seis jueces del Constitucional

Los populares dudaron hasta el último minuto por la endeblez de las pruebas

El PP no tiene ninguna intención de retirar la recusación que presentó contra tres magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de que seis miembros de ese órgano han desmentido la información de El Mundo en la que se basaban los populares.

La recusación, que se votará el miércoles, se suma a la que el Gobierno ha planteado contra otros dos magistrados, de manera que la aceptación de ambas bloquearía el máximo órgano de la Justicia española, que se quedaría con cinco de sus 12 miembros (dos ya se han abstenido).

Ángel Acebes, secretario general del PP, se mostró ayer convencido de que su partido ha hecho lo correcto. "El PP ha hecho la recusación, y ahora tiene que ser el tribunal el que se pronuncie. Nosotros estaremos a lo que diga el Constitucional, acataremos cualquier decisión. No nos planteamos retirarlo".

Acebes no entró directamente en el contenido de las pruebas, desmentidas por seis magistrados, aunque desautorizó indirectamente el desmentido. "No creo que el tribunal se pronuncie en función de una información de prensa".

El desmentido, sin embargo, no es sólo una información de prensa. Se trata de una carta firmada por seis magistrados, dos de ellos pertenecientes al sector conservador, y enviada al presidente en funciones del pleno, Vicente Conde Martín de Hijas. Los seis participaron en la reunión del pasado 12 de junio en el despacho de la presidenta María Emilia Casas. En la reunión, según la información de El Mundo, tres de ellos se habrían mostrado favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (precisamente los tres que el PP ha recusado). En la carta, de una decena de líneas, se desmiente esta versión.

En la carta dirigida a Conde se asegura, por el contrario, que ninguno de los reunidos se pronunció sobre el fondo de la ley, sino que se dieron por enterados de que con la entrada en vigor de la reforma a finales de mayo, y coincidiendo con que el 16 de junio finalizaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente, quedaba automáticamente prorrogado el mandato de ambos, por el artículo 16.3 de la nueva ley del Constitucional.

El día en que el PP anunció la presentación del recurso, hubo un gran momento de confusión porque durante toda la tarde-noche los portavoces oficiales de esta formación no querían confirmar una decisión que había sido adelantada por la mañana por Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario.

Firma a ciegas

El día anterior por la tarde, martes, 50 diputados habían desfilado por el despacho de Mariano Rajoy para firmar el escrito de recusación. Firmaron a ciegas, porque la argumentación aún no estaba concluida. Poco antes, durante una comida celebrada en los alrededores del Congreso en la que participaron Rajoy, Acebes, Zaplana, Carlos Aragonés y Jorge Fernández Díaz, el líder había confirmado que la decisión estaba tomada. Todos los comensales, según varios de ellos, mostraron su pesar porque, en su opinión, el Gobierno les había obligado a tomar una decisión tan drástica, que bloqueaba el tribunal, como reacción a la recusación de otros dos magistrados para recuperar la mayoría del sector progresista en un órgano fundamental que debe juzgar la constitucionalidad del Estatuto catalán.

La decisión estaba, por tanto, cantada. Y al día siguiente apareció la información de El Mundo (sin firmar) que servía de argumento para la recusación. Sin embargo, en la tarde del miércoles, después de que Zaplana, con la información de la comida, la diera por hecha en rueda de prensa, entraron las dudas.

Según varios dirigentes consultados en esos días, fueron los propios magistrados conservadores del Constitucional, o al menos algunos de ellos -probablemente los que firman la carta de desmentido- quienes trataron de parar la iniciativa al ver que las pruebas con las que se contaba eran muy endebles. Los expertos jurídicos del PP se movieron toda la tarde en la indecisión, pero finalmente optaron por dejar la papeleta de decidir en manos del Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de noviembre de 2007