Los promotores quieren convertir en concertados los pisos libres que no venden

Los promotores catalanes están negociando con la Generalitat la posibilidad de convertir los pisos que ya han construido pero que no venden en la nueva figura del "concertado catalán", una modalidad de vivienda a un precio que estará entre los pisos concertados y los libres. Lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Promotores (APCE), Enric Reyna, en el marco de Tribuna Barcelona.

El "concertado catalán", previsto en el Pacto Nacional por la Vivienda, está pensado para los ciudadanos que cobran demasiado para optar a los pisos sociales pero no llegan al mercado libre. Su definición -zonas donde se construyan, ayudas a promotores, precios finales-, se detallará de un decreto que ultima la Generalitat y que precisamente depende de negociaciones con interlocutores y promotores.

Lo que sí es seguro es que de acuerdo con el nuevo Decreto de medidas urbanísticas urgentes, ya aprobado, los propietarios de suelo de transformación, además de reservar hasta el 40% de la edificabilidad para protegida y concertada, deberán ceder otro 10% para la nueva figura. Reyna criticó ayer el decreto y dijo que vulnera la "seguridad jurídica" de los propietarios de suelo que tienen expectativas económicas sobre él. Por ello el presidente de APCE señaló ayer que negocia también con el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas una moratoria en la aplicación de la nueva figura de vivienda concertada.

El anuncio de estas negociaciones cerró ayer una intervención durante la que Reyna también destacó la importancia del sector de la construcción en la economía catalana, en la que representa el 10% del PIB y emplea a 436.000 personas; alertó de que si se frena la construcción en seco se perderán 22.000 puestos de trabajo; pidió, una vez más, suelo a un precio que haga rentable la vivienda protegida, y abogó por impulsar un pacto sobre las Infraestructuras.

Reyna fue presentado por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien afirmó: "la crisis era inevitable y necesaria" y apuntó que "el frenazo" en la construcción contribuirá a disminuir la "presión sobre los servicios públicos" que, dijo, ejercen los inmigrantes.