Marbella descubre que el edil fugado Carlos Fernández es insolvente

Desaparecido e insolvente. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) han encontrado un doble escollo a la hora de reclamar al ex concejal Carlos Fernández que abone 82.000 euros de indemnización que ha sido condenado a pagar junto al empleado municipal Antonio De Sola por malversación de caudales públicos.

Sabían que el antiguo edil del PA lleva desaparecido 16 meses -desde su imputación en el caso Malaya- pero no tiene ni un solo bien a su nombre en el registro de la propiedad. "Sólo figura en alguna sociedad familiar y como apoderado, por lo que no se pueden reclamar los bienes que tengan esas empresas para el pago", señalan fuentes municipales.

Una sentencia le obliga a indemnizar con 82.000 euros al Ayuntamiento

Ante esta circunstancia, el Consistorio ha solicitado que Antonio de Sola, antiguo personal de confianza del ex edil, se haga cargo de la responsabilidad civil en solitario. El empleado, ya jubilado, sí tiene propiedades a su nombre.

Los familiares de De Sola han confirmado que se les ha solicitado el pago, sin embargo, han rehusado hacer comentarios. En el entorno de Carlos Fernández añaden que "se le ha notificado que irá a la cárcel si no puede resarcir la deuda". Un portavoz de la familia Fernández aseguró ayer que los padres del ex edil no permitirán este extremo. "Si Antonio de Sola no tiene recursos suficientes para hacer frente al pago, la familia de Carlos hará lo posible por aportarlos, se trata de una cuestión humana y de carácter moral, ya que Antonio era una persona de confianza y muy querida por Carlos", señaló. "Otra cosa muy diferente es que estén de acuerdo con la sentencia", añadió.

En diciembre de 2005, la Audiencia de Málaga consideró que Carlos Fernández se había apropiado de parte de unas subvenciones municipales destinadas a pagar los salarios de los jugadores del equipo de fútbol Unión Deportiva San Pedro, del que era presidente en la temporada 1997-1998.

Ocho jugadores le acusaron de obligarles a firmar recibos por cantidades de dinero que nunca vieron bajo amenaza de quedarse sin contrato. Los futbolistas explicaron que la persona que les tendió esos recibos era Antonio de Sola. En las vistas se dijo que el ex alcalde de Marbella Jesús Gil le trataba "como a un hijo", pero que le echó cuando le descubrió robando "el pan de los jugadores". La denuncia desencadenó la dimisión de Fernández como delegado de Deportes y le enfrentó a Gil, que interpuso una querella en nombre del Ayuntamiento.

Diez años después, con la sentencia recurrida hasta el Tribunal Supremo, la condena ya es firme. Los servicios jurídicos recibieron la notificación a comienzos de octubre y comenzaron a trabajar en la recuperación del dinero de forma inmediata.

Tanto Fernández como De Sola tienen la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria, por lo que el Consistorio puede reclamar a ambos el pago. Si alguno de los dos no puede responder por esa cantidad, el otro está obligado a satisfacerla por completo.

Además del caso Malaya, Fernández figura como imputado en otros diez procesos judiciales entre los que sobresalen las acusaciones por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Tiene una orden de busca y captura internacional por la trama de corrupción marbellí que le llevaría directamente a prisión, además de varios requerimientos judiciales de carácter nacional.

Durante su larga ausencia se ha especulado con la idea de que se haya convertido en testigo protegido, algo que la Policía niega categóricamente. En uno de sus autos, el juez Miguel Ángel Torres estimaba que era la tercera persona del Ayuntamiento de Marbella que más dinero recibía en el reparto de la tarta de corrupción urbanística marbellí.

En su año largo de alejamiento, diversas informaciones le han situado en países latinoamericanos, en Marruecos y hasta en el chalé de sus padres, situado en la lujosa urbanización de Cabo Pino. "Las pistas no han sido buenas", según fuentes policiales.