El Tribunal Supremo juzgará a los alcaldes de A Cañiza y O Covelo

Los alcaldes de A Cañiza y O Covelo, César Mera y José Costa Díaz, serán juzgados por el Tribunal Supremo, así como cinco concejales y dos ex concejales del PP de O Covelo, la secretaria-interventora de este ayuntamiento y el ex gerente del Grupo de Acción Local (GAL) A Paradanta, por falsedad documental, malversación de fondos públicos y otros presuntos delitos en relación con las obras de un camping en O Covelo cuyo presupuesto se sobrepasó en más de 20 millones de pesetas y cuyas obras se certificaron acabadas cuando no estaban ejecutadas ni la mitad.

El procesamiento parte de la confluencia de dos demandas, una de la Xunta de Galicia, reclamando la devolución de los fondos comunitarios aportados para la obra del camping, y otra del concejal socialista de O Covelo José Rey. La causa ha sido remitida al Tribunal Supremo por la condición de aforado de César Mera como senador. Mera, imputado como presidente del GAL de A Paradanta que certificó las obras, ya eludió en 2001 un juicio en el Tribunal Supremo en otra demanda por actuaciones similares al desaparecer "misteriosamente" toda la documentación judicial sobre el asunto, cuando el Senado ya había aceptado el suplicatorio.

104 millones

La construcción del camping de O Covelo, a orillas del río Tea, se presupuestó en 67.661.660 pesetas. Su conclusión se certificó a finales de 2001, con un gasto de 88.268.825 pesetas que fue sufragado con fondos comunitarios. A día de hoy la obra ha consumido 104 millones de pesetas y sigue sin estar acabada, aunque el grupo popular dice que sí está.

Una inspección de la Xunta certificó el año pasado la no realización de las obras, por lo que reclamó al Ayuntamiento de O Covelo la devolución de las subvenciones, que no se ha realizado. El otro procedimiento fue suscitado por la denuncia de la Agrupación Socialista de O Covelo ante la fiscalía, tras apreciar en los hechos, entre otros presuntos delitos, los de falsedad documental, apropiación indebida, malversación de fondos públicos y prevaricación.

En sucesivos plenos municipales, desde 2001 a 2005, el concejal socialista José Rey puso en conocimiento de la corporación que el equipo de gobierno estaba incurriendo en ilegalidad, a lo que los concejales del PP (Juan Pablo Castillo, Hermindo Castro, María Eugenia Estévez, Francisco Rocha y José María Vázquez, junto con los ya ex ediles Nicanor Rodríguez y Manuel Vicente) y la secretaria-interventora, María Jesús Rodríguez Freire, a su vez ex gerente del GAL, hicieron caso omiso, evitando también con sus votos que se aprobara una comisión municipal para investigar el proyecto y depurar responsabilidades.