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Reportaje:

La universidad francesa, en la calle

Los estudiantes rechazan la autonomía académica que plantea el Gobierno Sarkozy

Las universidades francesas no se han vaciado este fin de semana. Muchos alumnos han acudido a las asambleas en las que se discutía si sumarse o no al bloqueo de los centros propuesto por algunos sindicatos y la mayoría de las formaciones de extrema izquierda contra la ley de reforma universitaria. Sin embargo, la ley elaborada por la ministra Valérie Pécresse, ya fue negociada el pasado verano y aprobada a principios de agosto.

En verano, Nicolas Sarkozy quiso aprovechar el impulso de la victoria electoral y adelantar algunas de las reformas prometidas durante la campaña, especialmente en los campos donde podían encontrar mayor resistencia, y el de los estudiantes es, sin duda, uno de ellos. Pero ya entonces, y pese a estar de vacaciones, la dureza de la respuesta de los sindicatos estudiantiles obligó a Sarkozy a intervenir directamente en las negociaciones y diluir algunos de los aspectos más radicales del texto.

Los sindicatos estudiantiles, concretamente la UNEF, el más implantado, salieron airosos de esa negociación, pero ahora, en la estela de las protestas contra la reforma de las pensiones, sienten la tentación de sumarse a la bronca social de este otoño. Una contradicción que el líder de la UNEF, Bruno Julliard, no acaba de poder explicar. La ley establece una serie de medidas para revitalizar el sistema universitario francés: masificado, falto de financiación y desprestigiado. La existencia, en paralelo, de las llamadas Grandes Écoles y los Institutos Politécnicos, auténticos viveros de las élites del país, evidencian aún más las carencias de unas universidades que ya no ofrecen el ascensor social de otros tiempos.

En Francia hay 85 universidades que albergan a 1,4 millones de estudiantes. Teóricamente son todas iguales, ofrecen el mismo tipo de educación y no se supone que haya diferencia entre un título u otro dependiendo de donde se haya conseguido. En realidad ya no es así desde hace tiempo. Cuando los estudiantes se lanzaron a la calle en abril de 2006 contra el contrato laboral precario (CPE) que proponía el entonces primer ministro Dominique de Villepin, el deterioro del sistema quedó en evidencia. Las imágenes que llegaban de los distintos centros y los reportajes sobre el deterioro de las instalaciones -las puertas arrancadas y los lavabos destrozados fueron un escándalo- pusieron en evidencia la necesidad de una reforma.

El eje de la ley Pécresse, y su aspecto más polémico, es el que, en ruptura con la tradición jacobina especialmente implantada en el mundo académico, otorga autonomía a los centros universitarios para gestionar su presupuesto y sus recursos humanos, y autoriza a los centros a establecer vínculos estrechos con empresas y fundaciones privadas que aporten financiación. Para los estudiantes que protestan, el Gobierno quiere "privatizar" las universidades.

El nucleo más politizado de los estudiantes, y más concretamente el Colectivo de Estudiantes contra la Autonomía de las universidades (CECAU), opina que la aplicación de esta ley desembocará en la creación de un sistema universitario "a dos velocidades" o más, en tanto que la parte de financiación que aporten las empresas privadas conducirá inevitablemente a que los centros se ofrezcan al sector privado como "graneros de empleo" para atraer el dinero.

Pero la realidad es que Francia tiene una de las tasas de matriculación más bajas de Europa, en torno a los 150 euros. La matrícula anual en una universidad pública española se sitúa entre 650 y 1.000 euros, en función de la disciplina y el número de créditos; una cifra que no supone más de 18% del total del coste real de los estudios.

Para mejorar el gobierno de las universidades la ley reduce a la mitad el número de miembros del consejo de administración de los centros, que pasa de los 60 actuales a 30. El texto inicial proponía una reducción mayor, a tan sólo 20 miembros. Los estudiantes que contaban con una representación de hasta 15 miembros en el sistema antiguo, no tienen ahora más que cinco.

En un primer momento la ley pretendía dotar a las universidades de un sistema de selección para sus estudiantes. En Francia no hay una prueba de Selectividad; tan sólo el examen del bachillerato, el famoso Bac, da acceso a la enseñanza superior. Sin embargo, esta fue una de las medidas que se quedaron en la negociación el pasado verano. El problema de la masificación en los primeros ciclos se mantiene, por tanto.

El Gobierno ha anunciado también 11 millones de euros para paliar los problemas del alojamiento para estudiantes.

Máster coca-cola

La reforma universitaria francesa prevé que el presidente de cada universidad será elegido por el Consejo de Administración por un mandato de cuatro años, renovable una sola vez. Su autoridad se ve reforzada, dispone de derecho de veto sobre las asignaciones, puede contratar profesores y gestionar las primas para el personal.

El reforzamiento del poder de los presidentes es contemplado con sospechas. Las universidades estarían destinadas a transformarse en centros de formación adaptados "a los deseos inmediatos de la patronal", según un portavoz del Colectivo de Estudiantes contra la Autonomía Universitaria (CECAU). "Haremos máster coca-cola", decía una joven indignada en la manifestación de París sobre la eventualidad de que fundaciones privadas finaciarán especialmente los estudios de tercer grado en función de la demanda laboral.

La ley establece que en un plazo de cinco años todas las universidades deben haber accedido a la autonomía en el campo presupuestario y de gestión de sus recursos humanos; las universidades podrán convertirse en propietarias de sus bienes inmobiliarios o venderlos, así como crear fundaciones. "Sólo las universidades mejor dotadas, tanto en personal como en medios financieros, podrán pagarse el lujo de ejercer su autonomía", decía la CECAU en un comunicado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de noviembre de 2007

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