Trabajo en vez de cárcel

Camisas, pantalones, blusas. De todos colores y tallas, de invierno y verano. Todas se amontonan en una mesa de un almacén de la calle de Álava en Barcelona. Tres hombres las separan y retiran las etiquetas para que no se identifique la marca. Las prendas se agrupan después por tipos; pantalones en un montón, camisas en otro... La ropa ha sido donada por establecimientos para que vaya a personas sin recursos, y los que trabajan allí están cumpliendo una medida alternativa a la prisión. Son trabajos en beneficio de la comunidad. El resultado es un programa 100% social. Se llama Banco de Recursos no Alimentarios.

El particular banco se creó a finales del año pasado. Lo gestionan dos entidades: la asociación Cívica La Nau y el Instituto de Reaserción Social (IRES) con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Su finalidad es recoger y repartir productos no alimentarios, sobre todo artículos de higiene personal, también de limpieza y ropa. Elementos de primera necesidad a los que les cuesta acceder a las personas en situación precaria o en casas de acogida, etcétera.

La iniciativa de crear el banco se tomó dentro del plan municipal para la inclusión social, y en él participan 150 entidades sociales; por ahora, colaboran 65 empresas de Barcelona que donan todo tipo de productos. Todo lo que se da tiene que ser nuevo y entre las empresas solidarias hay de todo, desde cadenas de establecimientos de limpieza hasta señaladas firmas de ropa. Por ahora se benefician unas 10.000 personas.

A los que trabajan en el almacén la finalidad del Banco les parece buena, sobre todo porque es la forma de evitar tener que entrar en la cárcel. "Total, por una tontería", como suelen decir ellos. Los trabajos a la comunidad están previstos para delitos menos graves como sustitución de penas de hasta dos años de cárcel. Se programan de manera que los penados puedan seguir con su vida normal. Si tienen trabajo por la mañana, acuden por la tarde. O al revés.

Dos hombres, dos historias. En común tienen que cometieron infracciones penales por primera vez con la vida ya bastante adelantada. Pasan de los 40 años. Rafael está ya jubilado y le impusieron 104 días de trabajos a la comunidad por un caso leve de violencia doméstica que cumple en jornadas de cuatro a ocho de la tarde: "Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que pasó, pero creo que es mejor esto que entrar en la cárcel".

Al otro lado de la mesa, José -nombre supuesto- asiente. Es un moreno de 47 años que dice que tuvo un mal tanto en una partida de cartas. "Había bebido algo, un poco, bueno... demasiado y veía que un tipo me estaba haciendo trampas. Se me ocurrió amenazarle con un cuchillo y resulta que era policía". A José le impusieron 720 jornadas de trabajo que empezó en enero pasado y no acabarán hasta el año que viene. Trabaja de conserje por la mañana, está casado y tiene un hijo.

Este almacén es del IRES, el Instituto de Reinserción Social, que tiene delegadas por el Departamento de Justicia la organización de las medidas penales alternativas. En la ciudad hay ahora cuatro almacenes que suman 1.700 metros cuadrados. A ellos llega todo el material que se tiene que clasificar y luego se reparte a las entidades que se encargan de su distribución. "Hay de todo, desde las grandes, como Cáritas, hasta casals, centros de acogida y asociaciones pequeñas de los barrios que conocen bien el territorio y las necesidades", explica Emilia Català, secretaria de la entidad La Nau. "La piedra angular de todo el engranaje es la garantía de que es un programa social y que nada de lo que se dona acaba vendiéndose", subraya el teniente de alcalde y responsable de los servicios sociales, Ricard Gomà.

Además de los almacenes, también los camiones que van a buscar el género donado y, después, lo reparten y distribuyen entre las entidades, pertenecen también a empresas que colaboran en la red. Lo dicho, 100% social.