La Junta recurrirá el proyecto de los acantilados de Aguadulce

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía será el que dirima la legalidad de la construcción de 440 viviendas en los acantilados de Aguadulce, en Roquetas de Mar, donde las labores de desmonte arrancaron hace más de dos años.

Tras el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que avala la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a la mercantil Almeragua S.L., el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció la intención de la Junta de Andalucía de agotar todas las vías jurídicas posibles al entender que, en virtud del ordenamiento jurídico y de los criterios de ordenación del territorio, esta zona no debe llegar a edificarse.

Los principales argumentos de la administración andaluza para apelar al Alto Tribunal Andaluz no difieren de los que motivaron la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la licencia otorgada en pleno celebrado el 10 de abril de 2006: la aprobación del plan parcial sin los informes de la Junta de Andalucía, una presunta violación a la Ley de Costas por invasión de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y, en tercer lugar, que el 60% de las viviendas plurifamiliares proyectadas pasaron a unifamiliares.

Frente a esta tesis, el auto judicial dictado por el magistrado Jesús Rivera, confiere legalidad a la concesión de licencia del consistorio de Roquetas de Mar, gobernado por el Partido Popular, al entender que ejecutar menos obra de la prevista no es objeto de infracción alguna, y al conferir validez a los cambios de usos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio.

Además, como ya argumentara el juez cuando, en octubre de 2006, desestimó la solicitud de suspensión cautelar de las obras demandada por la Junta de Andalucía, en el expediente consta que el plan parcial aprobado para la zona no sólo no fue impugnado, sino que recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo y de la Consejería de Medio Ambiente, que no consideró que el proyecto para la construcción en unos doce mil metros cuadrados de terreno de sótanos, garajes, locales y 440 viviendas invadiera la zona de servidumbre de protección, según consta en acta de la Junta del Gobierno Local celebrada en el mes de abril de 2006.

Las edificaciones proyectadas por la empresa Almeragua S.L. en la avenida Carlos III y la calle Candanchú de esta barriada costera del Poniente almeriense ocuparán un total de 12.170 metros cuadrados de terrenos.