Justicia pagará ayudas estatales a maltratadas con tres años de retraso

Por imperativo legal. Sólo por esta cuestión de fuerza mayor, Justicia pagará desde 2008, con tres años de retraso, unas ayudas estatales a mujeres maltratadas. Para este fin ha reservado en los próximos presupuestos una partida de 78.000 euros. El departamento se ha mostrado muy reacio a crear este programa porque argumenta que la ley orgánica de la que depende "estigmatiza" a las víctimas, al ser necesario que estas acompañen su petición de un informe del Inem que acredite "su falta de preparación general o especializada" para incorporarse al mercado laboral.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, presentó ayer en el Parlamento las líneas generales de sus presupuestos y concretó en qué consistirán las ayudas económicas a maltratadas, las primeras con carácter finalista que recibirán en Euskadi. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por el Congreso a finales de 2004, fija la concesión de ayudas a las maltratadas con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo. Y estipula que deben ascender al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que ronda los 500 euros. La ley encarga a los gobiernos autónomos el pago, aunque con cargo a los presupuestos del Estado, y se debe hacer en un único abono que aglutine seis meses.

El Gobierno vasco ha tardado tres años en decidirse a aplicar el programa, de obligado cumplimiento, por la exigencia de acreditación del Inem. "Es una afrenta más para las maltratadas", se quejó el viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, quien resaltó que la cuestión ha sido "ampliamente debatida" entre los agentes sociales. "Ni las organizaciones de ayuda a las maltratadas ni los sindicatos están de acuerdo con una ayuda que estigmatice". Además, en el caso de Euskadi, la renta básica, "que es un derecho subjetivo de todas las personas, ya ofrece una ayuda económica mayor", recalcó.

El presupuesto del departamento asciende a 578 millones de euros, un 11,35% más. El área de Justicia se lleva 133 millones, la de Empleo otros 29, y la Viceconsejería de Inserción Social y Familia 316,6 millones. Dentro de este apartado, la renta básica supone 189 millones (el año que vine el salario social seguirá suponiendo el 80% del SMI). Las ayudas a familias suman 69 millones y combinan subvenciones por nacimiento y adopción y las medidas de conciliación, que por vez primera superan las subvenciones por maternidad.