Absueltos ocho ex cargos de la oficina de extranjería en Lleida

La presunta trama de corrupción descubierta en 2003 en la Oficina Única de Extranjería de Lleida, durante el mandato del PP, ha quedado impune. La Audiencia de Lleida ha absuelto por falta de pruebas a los ocho acusados, entre los que se encontraban Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno en esa época; Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo; el policía nacional José María Vieites, ex jefe de la oficina, y Salvador Puy, asesor de Barios. El fiscal solicitó para ellos 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otra pena de cuatro años de prisión para el policía por falsedad en documento oficial.

La sentencia ha declarado probado que la Oficina Única de Extranjería de Lleida tenía entre otras competencias la tramitación de los informes sobre visados, permisos de trabajo y tarjetas de residencia, así como la elevación de las correspondientes propuestas de resolución relativas a aquellos expedientes que debían ser autorizados por el subdelegado del Gobierno. Pese a la especialización que requería el negociado, ninguna de sus responsables contaba con formación específica en la materia ni conocimientos en el ámbito de gestión de personal o de organización de la administración.

A pesar del gran número de expedientes que allí se tramitaban, no existía ninguna organización ni estructura que permitiera el efectivo control y la supervisión de las tareas que se llevaban a cabo.

Las investigaciones se iniciaron cuando A. K., ciudadano de Georgia afincado en Lleida, denunció a un intermediario que cobraba a los inmigrantes entre 4.000 y 6.000 euros por la obtención de permisos de trabajo y residencia. Primero, la causa fue archivada, pero al poco tiempo se reabrió el caso ante la insistencia del denunciante, que aportó documentos en los que implicaba a alguno de los altos cargos acusados. El denunciante pagó 3.900 euros por unos papeles que nunca llegó a obtener. Algunos de los expedientes analizados por los Mossos d'Esquadra se resolvieron en un tiempo récord -entre un día y un mes-, cuando el proceso legal no podía ser inferior a tres meses.

De los 88.000 expedientes que se resolvieron, se examinaron en el curso de la investigación un total de 8.214 que habían sido resueltos favorablemente. De éstos se analizaron detalladamente 1.772, entre los cuales se encontraron 251 con irregularidades en su tramitación.

El tribunal señala que en este caso pueden encontrarse "numerosos adjetivos" para calificar el "desatino" con el que se tramitaron algunos de los expedientes y añade que, a pesar de que algunas resoluciones dictadas, presentaban "evidentes atisbos de arbitrariedad", sin que la actuación de los acusados llegue a constituir un delito de prevaricación.