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Las políticas de infraestructuras para Cataluña desde Cataluña

El análisis de la situación crítica que sufrimos en la red de transportes no puede hacerse en función de la coyuntura, sino que debe proceder de una reflexión sobre los acontecimientos y decisiones que han desencadenado esta situación.

Hace años que Esquerra viene denunciando una marginación inversora del Estado hacia Cataluña. Este déficit inversor lo reconoció la propia ministra Magdalena Álvarez cuando compareció hace pocos meses en el Congreso para dar explicaciones sobre las constantes averías en la red de Cercanías: "Una falta prolongada de inversiones, antigüedad de los sistemas de control y señalización, equipos eléctricos que trabajaban al límite, catenarias al final de su vida útil, estaciones eléctricas obsoletas, vías de los años sesenta, carencia de trenes, de proyectos...". Éste ha sido el nefasto resultado de los gobiernos de CiU-PP y del PSOE de los años ochenta, y de sus políticas inversoras en materia ferroviaria que, como todo el mundo sabe, no sólo han afectado a Cercanías, sino al conjunto de la red ferroviaria catalana de titularidad estatal.

La indignante crisis de Cercanías debe fortalecer nuestras reivindicaciones históricas
La política de Fomento no es la que conviene a nuestro país
Debemos ir a una estrategia conjunta que vele por el interés nacional de Cataluña

Si a esta red en estado lamentable le añadimos las obras del AVE en un tramo especialmente congestionado y una ejecución públicamente reprobada por parte de la empresa adjudicataria de las obras... el resultado es el cóctel que desde hace meses viene esgrimiendo Fomento para justificar lo que es inaceptable y que se está convirtiendo en una falta reiterada de respeto hacia los usuarios de los transporte públicos.

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Hay que admitir la complejidad de la situación, pero no por ello podemos asumir que este caos que vivimos fuera inevitable. Estoy convencido de que si se hubiera diagnosticado mejor el estado de la red de Cercanías y la obra se hubiera desarrollado con la planificación oportuna y con los medios humanos, materiales y tecnológicos adecuados, se habrían podido respetar la red de Cercanías y los niveles de calidad de transporte que merece un área metropolitana como Barcelona merece.

Aunque ciertos proyectos como el aeropuerto, el puerto o el propio tren de alta velocidad hayan conseguido soslayar en los últimos tiempos la marginación inversora señalada, no parece que en los proyectos del ferrocarril convencional estemos en la línea más deseable, a pesar de que la situación haya mejorado respecto a la de legislaturas anteriores. La política ferroviaria del Ministerio de Fomento se ha centrado exclusivamente en el AVE, y desde que tuvimos la oportunidad con las elecciones de 2004, venimos advirtiendo, reclamando y denunciando que hace falta mucho más interés por la red básica de ferrocarriles. Ciertamente, hay pactada una importante agenda inversora a medio plazo en ferrocarriles, pero indigna ver cómo se mantiene el estado precario de la red de estaciones, o cómo se dilata en el tiempo la definición de proyectos como el desdoblamiento de la línea de Vic, el cinturón orbital ferroviario, los proyectos que permitirán la evacuación de mercancías del puerto de Barcelona, el corredor mediterráneo.

Es urgente resolver el caos diario en el que estamos inmersos y es prioritario garantizar inmediatamente una seguridad y una movilidad digna para centenares de miles de personas diariamente. Sin embargo, querría apuntar a dos cuestiones de fondo que residen bajo esta crisis que está en manos del Estado resolver, cuestiones que no deberían perder actualidad hasta que estén zanjadas satisfactoriamente.

Por una parte, está la financiación de las infraestructuras. Debemos trabajar en un escenario en el que la Generalitat será en un futuro la Administración competente en planificar y gestionar Cercanías; habrá que trabajar por la excelencia en la calidad y para fomentar el uso generalizado. Pero hay un paso previo por resolver, como siempre: garantizar la financiación de los cerca de 6.000 millones de euros que Cercanías necesita para consolidarse con éxito frente la demanda previsible. En este sentido, y a corto plazo, a pesar de la espectacular dimensión de las inversiones comprometidas recientemente con Cataluña, es vital que los 1.500 millones de euros todavía pendientes de concretar se materialicen urgentemente de la forma más conveniente. Hay que recordar que la metodología pactada de cálculo de la disposición adicional tercera del Estatuto obligará a hacer unos ajustes en positivo de 827 millones durante los ejercicios 2007 y 2008, y que los Presupuestos Generales del Estado para 2008 prevén una transferencia de 643 millones que todavía no ha sido concretada.

Por otra parte, está la participación de la Generalitat en los órganos planificadores y ejecutivos de la Administración general del Estado que tienen incidencia en Cercanías, tales como la Dirección General de Ferrocarriles, Adif, Renfe Operadora o SEITTSA. Coincido en que el traspaso se tiene que hacer en un contexto estable de toma de decisiones, pero es evidente que articular ya una participación en los órganos decisorios avanzará conocimientos, garantizará coordinación y evitará situaciones como la que hemos presenciado últimamente, en que decisiones fundamentales del Estado sobre Cataluña son conocidas por la Administración afectada sólo extraoficialmente.

Éstos son algunos de los breves antecedentes y cuestiones de fondo que nos sitúan en la crisis actual, y que en buena parte son atribuibles a la falta de sensibilidad del Ministerio Fomento para resolver las reivindicaciones que se le plantean desde hace tiempo. Y la falta de sintonía con las reivindicaciones nacionales no es exclusiva de Cercanías, sino que se traslada a otras políticas que no están cumpliendo nuestras expectativas, que están tomando una orientación indeseable y en las que, tarde o temprano, también aflorarán problemas que ahora laten ocultos y que no vamos a aceptar.

No aceptaremos que se puedan producir futuras congestiones en la red de transportes metropolitana para hacer frente a la salida de mercancías del puerto de Barcelona por no disponer de una alternativa ferroviaria sólida a tiempo; no aceptamos que el aeropuerto de El Prat no tenga una entidad jurídica propia y no sea gestionado desde Cataluña, con plena autonomía y a todos los niveles, para internacionalizar nuestra economía y atender y beneficiar a nuestro entorno económico y cultural, como en cambio sí hace el resto del mundo; no aceptamos que la política tarifaria del Puerto de Barcelona se dirija desde Madrid y que eso represente un escollo para su competitividad; no aceptamos que el corredor mediterráneo se haya descartado del ancho europeo; no aceptamos la falta de integración ambiental del AVE a su paso por las comarcas de Girona...

El compromiso con la ciudadanía y el deseo de un progreso urgente del país nos obliga a mostrar públicamente el rechazo ante estas decisiones inaceptables. En este sentido, y a pesar de reconocer y compartir el intenso trabajo que se hace desde el Gobierno de la Generalitat para mejorar la movilidad y para fomentar el desarrollo de las infraestructuras, no se puede tolerar que un agente tan relevante en este ámbito como es el Ministerio de Fomento no corresponda a las reclamaciones que se proclaman desde Cataluña.

Esta actitud anacrónica de Fomento también ha sido contestada por el conjunto de la sociedad catalana y de los agentes económicos y sociales, y no querría dejar de manifestar la importancia que esto tiene, especialmente si se da en el momento oportuno. Como ejemplo de esto último menciono el caso de la definición de la titularidad y competencias del aeropuerto de Barcelona-El Prat, en el marco de negociación del Estatuto, momento en que hubo diversas ocasiones óptimas para conseguir importantes hitos nacionales en este ámbito que, desdichadamente, no fueron aprovechadas por los agentes económicos afectados para hacer sus contundentes reclamaciones, que en cambio sí se movilizaron meses después.

La política que está manifestando el Ministerio de Fomento creo que no es la que conviene a nuestro país, y la actual crisis de la red de Cercanías ha puesto en evidencia que, a pesar de la actitud incomprensiblemente prepotente de la ministra, la suya tampoco es una gestión demasiado sólida. Así pues, tenemos más motivos para pedir una dosis de humildad en los despachos de Nuevos Ministerios y para defender con contundencia nuestros planteamientos estratégicos sobre las infraestructuras del país y el cumplimiento de los compromisos inversores contraídos.

Y es en esta pretensión nuestra de dirigir desde Cataluña la política que hace el Ministerio de Fomento para Cataluña por lo que reivindicamos unión y juicio en Madrid. Situaciones como la actual no nos tendrían que llevar tanto al tacticismo político como a una estrategia de consenso que vele por el interés general y por el interés nacional de Cataluña. Evidentemente, en esta tarea cooperativa la participación de la sociedad civil y de los agentes económicos puede ser crucial, puesto que son harto indicados para visualizar imparcialmente y justificar razonadamente los intereses reales de nuestro país.

Joan Puigcercós es consejero de Gobernación.

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