Hacia una corte de justicia latinoamericana

Esta semana ha tenido lugar, en el Centro de Estudios Constitucionales, un seminario de alto nivel en el que han participado un grupo de personalidades españolas y latinoamericanas activas en el ámbito judicial y concernidas por el mejoramiento de las relaciones entre dos dimensiones fundamentales de la democracia: Justicia y Política. El Seminario promovido por la Fundación AMELA y por el Colegio Miguel Servet, en el marco del Programa Progreso Sostenible e Integración Regional en América Latina, responde al propósito de contribuir al establecimiento de una Corte de Justicia, instrumento capital en todos los procesos de integración política macroregional. En efecto como ha mostrado el proceso de construcción de la Unión Europea, la dimensión jurídico-judicial ha tenido una importancia decisiva para superar sus principales crisis y para conseguir la mayoría de sus logros. Integración hoy más necesaria que nunca, por cuanto la exaltación nacionalista en que se ha traducido la tan invocada globalización y la imparable fragmentación de los sectores de la realidad contemporánea han fragilizado la gobernabilidad mundial y han multiplicado los obstáculos a la gobernación. Frente a la irresistible intervención, sobre todo a nivel mundial, de los poderes económicos cuya expresión más celebrada son las empresas multinacionales, productoras de una omnipotente dominación económica se agrega la arrogante acción internacional de los grandes Estados, con EE UU a la cabeza, que hacen imperativo disponer de una instancia política global que reequilibre tan dramática desigualdad.

Es imperativo disponer de una instancia política global que reequilibre la desigualdad

La probada ineficacia de las organizaciones internacionales, y muy en primer lugar la dócil y humillante impotencia de Naciones Unidas, urgen al establecimiento de esta instancia cuya vía de lanzamiento más practicable es la creación de un ámbito de las macroáreas regionales en el que tracen las grandes líneas de gobernación del mundo. Es obvio que para ello tienen que existir dichas macroáreas y de aquí que, partiendo de la más evidente, la UE, haya que estimular la concreción de otras, comenzando por América Latina que tantos supuestos y razones apoyan. Pero, desgraciadamente, no el de la existencia de un sólido entramado judicial que funcione y desempeñe las decisivas funciones de regulación integradora a que acabamos de referirnos para Europa. Los cinco Tribunales latinoamericanos, que cubren las grandes áreas territoriales y/o temáticas como el de la Comunidad Andina, el de Mercosur, la Corte centroamericana, la Caribeña y la de Derechos Humanos no logran alcanzar la efectividad que deberían, por el desinterés, cuando no reticencia, de los Estados a los que se destinan. Cuya prueba más visible y grave es la clara insuficiencia de los presupuestos de funcionamiento de que se les dota, que en el caso de Mercosur, como puso de relieve Wilfrido Fernández, asistente al seminario y hasta hace muy poco miembro paraguayo del mismo, es igual a cero. Es más las gestiones que se auguraban positivas para conseguir apoyos financieros de la Unión Europea fueran paralizados por Brasil. Falta de compromiso político de los Estados que como señalaron Alejandro Perotti y la profesora Adriana Dreyzin, ambos ex consultores de la secretaria de Mercosur, explica la negativa de Uruguay y Argentina a someterse al veredicto que se dicte a propósito del actual conflicto de la celulosa, a pesar de la reconocida competencia medioambiental que el mismo tiene y que está provocando la intermediación arbitral del jefe del Estado español. Fue opinión unánime que el mayor problema de Mercosur es que sus dos grandes Estados miembros, Brasil y Argentina, en vez de latinoamericanizar sus políticas y programas quieren brasilianizar y argentinizar las del bloque regional.

Las principales conclusiones del seminario que, apoyadas por los participantes españoles Pablo Pérez Tremps, José Antonio Martin Pallin y Juan Antonio Cremades, formuló el profesor Ricardo Alonso, coordinador del mismo fueron: 1) Reforzar de modo urgente los cinco tribunales existentes entre los que como subrayó la profesora Laurence Burgorgue, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la más efectiva; 2) Buscar la máxima convergencia y complementariedad de los cometidos y actuación de todos ellos, incorporándoles aquellas materias y funciones cuya judicialización parezca inaplazable; 3) Promover una acción pedagógica destinada a los jueces nacionales como cómplices indispensables en el dispositivo judicial pensado desde una perspectiva metanacional y específicamente latinoamericana; 4) Acabar, como insistió el Presidente del Tribunal de la Comunidad Andina, Ricardo Vigil, con el ostracismo judicial a que se han condenado los tribunales latinoamericanos; 5) Promover la creación de una Corte de Justicia Latinoamericana que asuma de manera permanente la máxima responsabilidad judicial en América Latina.