Aguirre elude la responsabilidad de su Gobierno sobre la Cañada Real

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, no ha parado de zafarse de cualquier responsabilidad sobre la Cañada Real Galiana, desde que hace dos semanas el brutal enfrentamiento entre la policía y los habitantes de esta zona del sureste de la región devolviera a la actualidad un problema de asentamientos ilegales con más de 30 años. Ni siquiera el grupo de IU en la Asamblea de Madrid consiguió ayer en el pleno que la presidenta de la Comunidad admitiera que tiene la máxima responsabilidad sobre la vía pecuaria, puesto que el Estatuto de Autonomía le otorga la titularidad sobre el suelo.

El Estatuto, en su artículo 27.3, reconoce al Ejecutivo regional la competencia sobre el régimen de las vías pecuarias. Este epígrafe fue desarrollado después en la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid de 1998, que obliga al Gobierno regional "a asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid y adoptar cuantas medidas para su restauración y protección adecuada sean necesarias".

Sin embargo, Aguirre no admitió más competencia que "el mantenimiento de la vía pecuaria", aunque se apoyó en la misma ley para sustentar esta tesis. "El problema de la Cañada Real Galiana es de restauración de la legalidad urbanística, que es competencia de los ayuntamientos, y de seguridad y orden público, que corresponde al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno", apostilló.

Después, afirmó que su Gobierno no se encarga de las "ocupaciones históricas consolidadas" y subrayó que muchas calles de la región fueron en su día vías pecuarias. Aguirre citó como ejemplo el paseo de la Castellana, Arturo Soria, Alfonso XII y la calle de Alcalá. "Sabemos que la Cañada es un grave problema y que no hay que regatear esfuerzos", zanjó la presidenta regional.

"Algo es algo", le respondió el diputado regional de IU Miguel Reneses, que le reclamó que lidere una solución al problema apoyándose en el resto de administraciones afectadas por la Cañada Real. Además de la Delegación del Gobierno, la Cañada Galiana discurre por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid. Para ello, Reneses propuso una comisión de estudio con todas las administraciones afectadas. No tuvo respuesta del Ejecutivo regional.

La única solución que ha aportado hasta ahora el Gobierno de Aguirre es la que anunció ayer el vicepresidente primero, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno. Habló de un plan para reforzar la actuación en la cañada de los agentes forestales, aunque no detalló ni cuándo se pondrá en marcha, ni cuántos agentes más patrullarán la zona. Hay unos 250 guardas forestales en la región. "Van a tratar de evitar que se extiendan los asentamientos", aseguró González, que recalcó que este plan se hará en colaboración con las otras administraciones afectadas y que lo llevarán a cabo las Consejerías de Economía y de Medio Ambiente. En la actualidad, los agentes del Seprona, de la policía local y los forestales son los competentes en el cuidado y vigilancia de las vías pecuarias. La intención del Gobierno regional es únicamente destinar más forestales a patrullar la Cañada Galiana y a abrir expedientes a quienes intenten levantar nuevas viviendas.