El Congreso se une para aprobar un nuevo Estatuto de Castilla y León

Aunque del discurso político se desprende que el debate territorial ha constituido uno de los asuntos de conflicto de esta legislatura entre el PP y el PSOE, lo cierto es que la realidad y la legalidad no lo avalan. Socialistas y populares han aprobado juntos la reforma de cinco de los seis estatutos de autonomía que han pasado por las Cortes y, juntos, se opusieron a la reforma del Estatuto del País Vasco, el llamado Plan Ibarretxe. El último en lograr el consenso fue, ayer, el de Castilla y León.

La gran trifulca fue por la reforma del Estatuto de Cataluña, a pesar de que socialistas y nacionalistas se desgañitan en tratar de demostrar que muchos de sus contenidos han sido avalados por el PP en otros estatutos. El de Canarias lo ha retirado el propio Gobierno del archipiélago, ante la falta de consenso. También hay acuerdo de populares y socialistas en Castilla-La Mancha, aunque ya no hay tiempo para debatir ese estatuto en las Cortes y quedará para la siguiente legislatura.

Pero ayer no hubo reproches en el debate parlamentario por el que se aprobó la reforma del Estatuto de Castilla y León, que figurará como el último de esta legislatura, en la que se han abordado los cambios estatutarios más de veinte años después de que los textos originales vieran la luz. Todos los grupos votaron a favor de la reforma del Estatuto de Castilla y León.

Como el resto de los estatutos reformados, éste también incorpora un nuevo catalogo de derechos y aumenta sus competencias. Los asuntos más conflictivos han sido finalmente limados. Entre ellos, la gestión de su río. La comunidad autónoma asume la competencia sobre las aguas de la Cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra región. Ahora bien, se apostilla -y eso ha sido introducción del Congreso- que esas competencias están supeditadas a la planificación hidrológica, que compete al Estado.

Tanto Jesús Merino y Soraya Sáez de Santamaría, del PP, como Julio Villarrubia, secretario general del Grupo Socialista, glosaron las ventajas del nuevo Estatuto para los ciudadanos de esa comunidad de nueve provincias, y rechazaron las enmiendas de los grupos minoritarios. Eso sí, Villarrubia se permitió resaltar, con tono amable, la "lealtad" de los socialistas castellanoleoneses con el Gobierno autonómico, del PP, para hacer posible la reforma. Ni PP ni PSOE dieron satisfacción a la permanente reivindicación del PNV, ayer expresada por Aitor Esteban, sobre el Condado de Treviño, que pertenece a Burgos y los peneuvistas reclaman para el País Vasco. Tampoco Francisco Rodríguez, del BNG, vio atendida su petición de que el gallego, hablado en algunas zonas de la comarca del Bierzo, fuera objeto de "fomento" y no sólo de "respeto", como dice el Estatuto. El leonés, sin embargo, sí será "protegido", aunque su regulación se remite a un futuro reglamento. También se reconoce la singularidad de la comarca del Bierzo.

Derecho a la segregación

En la propia comunidad autónoma, el único conflicto ha surgido de los sectores de León que aspiran a desgajarse de Castilla, así como de sectores minoritarios del Bierzo. Pues bien, el futuro Estatuto -que ahora pasará al Senado para culminar su recorrido parlamentario antes de entrar en vigor- reconoce la posibilidad de la "segregación", aunque las condiciones para lograrla son extraordinariamente duras: además de exigirse mayorías absolutas en los ayuntamientos afectados, la dificultad suprema vendría por que se requiere una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales.

Pero de este asunto ni se trató ayer. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subió a la tribuna de oradores para defender éste y los otros cinco estatutos aprobados por consenso de los grandes partidos en esta legislatura: Valencia, Baleares y Castilla y León, a instancias de gobiernos del PP y con el apoyo del PSOE; Andalucía y Aragón, impulsados por gobiernos socialistas y con apoyo del PP; y todos ellos con el concurso de IU-ICV.

"Ninguna reforma estatutaria se ha puesto en marcha con el propósito de dividir, sino con el propósito de compartir culturas, vivencias y experiencias que nos enriquecen como país y como proyecto democrático de convivencia cívica", proclamó la vicepresidenta.