Los inmigrantes podrán acceder a una renta básica de 374 euros

La ley de Inclusión Social de Andalucía, en la que se regula la percepción de una renta básica, inició ayer su tramitación en el ámbito del Gobierno, aunque es imposible su aprobación por parte del Parlamento antes del fin de la legislatura. El PSOE, en su programa electoral, recogerá las propuestas de la futura norma, reconocieron fuentes de este partido. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, se comprometió en junio pasado a remitir "en breve" a la Cámara el proyecto de ley.

Según la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el retraso se debe a la "complejidad" de la ley.

El proyecto plantea un amplio paquete de medidas en todos los ámbitos (educación, salud, vivienda, empleo) para evitar la exclusión social, pero la más llamativa es la de la renta básica recogida en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía.

La ley consagrará como un derecho la percepción de una ayuda económica a aquellas personas que lo necesiten, incluidos los inmigrantes, que acrediten estar empadronadas en un municipio de la comunidad al menos 24 meses antes de presentar la solicitud.

Los posibles perceptores serán los cabezas de familia con ingresos mensuales inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, el antiguo salario mínimo interprofesional), es decir, 374 euros. Esta cantidad será el mínimo que podrán recibir y que se incrementa hasta un 8% por cada miembro de la familia del solicitante hasta un tope máximo del 100% del citado indicador, estipulado en este momento en 499,20 euros.

Cada perceptor deberá firmar un convenio con un plan de inserción individualizado cuyas medidas estará obligado a cumplir para salir de la situación de exclusión. "Queremos invertir de forma eficaz y para revertir situaciones. Establecemos un derecho pero también obligaciones", subrayó Micaela Navarro.

La memoria económica del proyecto estima que la aplicación de la ley en su primer año es de 800 millones de euros, de los que 177 corresponderían a la renta básica.

La Junta gastó en 2006, último año completo de referencia, 36,3 millones de euros en asegurar el salario social a 16.574 personas (perciben al mes 335 euros, el 60% del IPREM).

También sin tiempo para tramitarse, el Gobierno aprobó ayer para su remisión al Parlamento la ley de mediación de los conflictos familiares. La norma, que ya existe en otras comunidades, regulará el procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una familia a través de profesionales especializados.