La Cañada, un problema muy real

privilegiadas por las que nos asomamos a una realidad cada vez más compleja. El caso de la Cañada Real Galiana es un claro ejemplo. Aunque desde hace cuatro décadas miles de personas han levantado viviendas, de forma ilegal, sobre terrenos que durante siglos fueron vías de paso obligado para ganados trashumantes, han tenido que llegar las cámaras de TV y los fotógrafos para que muchos calibren la auténtica gravedad de un problema muy real. Pese a que lo publicado hasta la fecha nos habla de familias que sobreviven en medio de la precariedad, que también, la complejidad del asunto alcanza dimensiones preocupantes y demanda una postura firme y urgente de todas las administraciones implicadas para que se respete una legalidad vulnerada impunemente.

No debe olvidarse que a comienzos de los 70, una vez que los rebaños de ovejas dejaron de transitar por estos páramos en su viaje desde Extremadura al norte en busca de pastos frescos, en la Cañada Real las irregularidades se limitaban a algunas construcciones precarias realizadas junto a las huertas. Rivas, con 450 habitantes censados, apenas iniciaba su despegue. En ese momento su Ayuntamiento ya alertó por carta al Ministerio de Agricultura, administración titular del terreno por aquellas fechas, de la existencia de ocupaciones ilegales de terreno. Pasaron los años, el fenómeno creció como la espuma y en 1996 el pleno municipal decidió encomendar al alcalde para realizar actuaciones en defensa de la integridad territorial de un término ya entonces amenazado, según rezaba el acta. La iniciativa de tomar cartas en este asunto no podía (antes) ni puede (ahora) tomarla una administración en solitario. Debe ser una decisión coordinada que tenga a la cabeza a quien tiene la titularidad del suelo. La administración competente es la Comunidad de Madrid, como señala el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía y desarrolla la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, del 15 de junio de 1998, que la reconoce como única propietaria de la Cañada Real Galiana. Alberto Ruiz-Gallardón y yo mismo nos hemos dirigido, por carta y en público, a Esperanza Aguirre para que asuma su cuota de responsabilidad y para que convoque una comisión permanente en la que estén presentes la propia Comunidad, la Delegación de Gobierno y los cinco ayuntamientos por cuyos términos pasa.

Si tratamos de conocer cuáles son las dimensiones reales del problema habría que preguntar a la población de Rivas. A los vecinos y vecinas de Covibar, uno de los barrios con más solera y más combativos de nuestra ciudad, sólo les separa una calle del poblado. La progresiva degradación de la zona está dejándose notar de un modo preocupante. El precio desorbitado que ha alcanzado la vivienda provoca que mucha población inmigrante y española con bajos recursos haya encontrado aquí un clavo ardiendo al que agarrarse. Miles de seres humanos han venido a engrosar en los últimos años el censo inexistente de una ciudad invisible en la que no han faltado los abusos. Quienes han adquirido terrenos para construir han sido, en muchas ocasiones, víctimas de tipos sin escrúpulos que se han querido lucrar con la necesidad ajena. Contra estos desalmados es contra los que los jueces también deben actuar.

Esta somera descripción no pretende esconder que ahora nos hallamos en un punto sin retorno. Ya no hay excusas para la asunción de medidas valientes que den respuestas a las justas reivindicaciones que se plantean. En primer lugar, desde las que defienden ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos y sufren las consecuencias de la delincuencia, el aumento del consumo y el tráfico de drogas que suelen acompañar al hacinamiento y a la miseria que emerge de un territorio fuera de la ley. Por otro lado, están los miedos de quienes fueron a parar a la Cañada Real como única alternativa. A todas esas gentes humildes, que sufren el rigor de una vida muy difícil, desde los poderes públicos tenemos que darles respuestas que permitan realojos equilibrados en todo el territorio regional de quienes realmente lo necesiten. Otras medidas, muy diferentes, deben adoptarse con quienes hayan intentado aprovechar el río revuelto para lucrarse. En cualquier caso, el problema de la Cañada Real debe tener soluciones rápidas y efectivas ya. En su búsqueda debemos encontrarnos todas las administraciones competentes. Y ya no hay excusas para dilatarlas en el tiempo.

José Masa es alcalde de Rivas-Vaciamadrid, por IU.