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Reportaje:

Una herencia de cuatro millones

El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a los dueños de un solar que expropió hace 30 años, donde ahora se eleva el centro comercial Alcalá Norte

Daniel Verdú

La justicia es lenta. Y a veces, incluso efectiva. Y si no que se lo digan a la familia Hernández, que tras 30 años de pleitos y recursos cruzados han visto satisfechas sus demandas. Aunque las vayan a disfrutar los herederos de quienes comenzaron la historia.

Su relato es el que ayer contenía, condensado, el punto cuatro del orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Cuatro líneas: "Propuesta de la junta de gobierno para aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 4.232.584,72 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid". Así, casi a modo de haiku (el micropoema japonés) administrativo, camuflada entre las propuestas importantes del día, quedaba resumida una historia de casi tres décadas y todos los colores políticos.

El terreno estaba destinado a ser un centro cívico que nunca se construyó

El 7 de marzo de 1969, el Ayuntamiento, entonces gobernado por Carlos Arias Navarro (que obviamente no pertenecía a ningún partido democrático), comunicó a la familia Hernández la expropiación de un solar que poseía en el 412 de la calle de Alcalá. Justo donde hoy está el centro comercial Alcalá Norte. Aunque ése es justo el final de la historia.

El solar que tenía la familia les fue expropiado para hacer un centro cívico que nunca llegó a construirse. Se derribaron unas edificaciones que había en la parcela y se urbanizó una parte. Pero nada más.

Pasaron los años y la familia, viendo que no había ni rastro del centro cívico, reclamó su derecho sobre el terreno. El 13 de marzo de 1989, 20 años más tarde y cuando estaba al frente del Gobierno municipal Agustín Rodríguez Sahagún (CDS), apoyado por los votos del PP, la familia solicitó la apertura del expediente de reversión de la finca. Querían recuperar su terreno.

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Dos años más tarde, ya con José María Álvarez del Manzano (PP) al frente de la corporación, el Ayuntamiento siguió sin darse por aludido y los afectados pidieron oficialmente la reversión de la expropiación. Pero el Consistorio se negó y sacó a subasta pública la parcela. Nadie llegó a pujar por ella, porque, finalmente, se entregó a manos privadas como compensación de otra expropiación.

Tras años de pleitos, una sentencia del Tribunal Supremo decretó que los antiguos propietarios del suelo tenían razón. Debía producirse una reversión. Aquellos terrenos jamás se habían usado para lo que habían sido expropiados. Al menos, estaba claro ya que no iba a construirse el famoso centro cívico.

Sin embargo, se fijó una indemnización que el Ayuntamiento se resistió a abonar. Y así continuaron los pleitos hasta el año 2006, ya con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) como alcalde, cuando el Supremo volvió a pronunciarse y a la actual corporación no le quedó más remedio que asumir que la historia había llegado a su fin. Tocaba soltar más de cuatro millones de euros de indemnización y un millón y medio por los intereses y las costas de los pleitos de 30 años.

Y con todo eso, resumido en el punto cuatro del Pleno de ayer, se encontraron los grupos municipales de la oposición. Y se encontrará en breve, en su cuenta bancaria, la familia a la que expropiaron sus terrenos hace 30 años.

"No nos han facilitado ninguna información sobre este asunto. No nos oponemos a que se ejecute una sentencia, pero no se ha ido al trasfondo de esta cuestión", critica el edil Daniel Álvarez, responsable de Urbanismo de IU. "¿Por qué se expropió un terreno donde no se hizo nada? ¿Por qué se han opuesto los diferentes ayuntamientos tanto tiempo a pagar la indemnización? ¿Por qué se ha tardado tanto, con los intereses que ahora hay que pagar?", insiste.

Algo parecido piensa la concejal socialista Pilar Gallego: "La principal crítica es la falta de información. Pero creo que, además, se había dilatado excesivamente el procedimiento".

Justamente, la dilación del proceso ha provocado que en el monto total de la reversión se haya tenido que pagar un millón y medio de euros de intereses. El Ayuntamiento dice que se ha encontrado con este asunto y que se ha limitado a ejecutar la sentencia.

Todo esto contenía el punto cuatro.

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Sobre la firma

Daniel Verdú
Nació en Barcelona en 1980. Aprendió el oficio en la sección de Local de Madrid de El País. Pasó por las áreas de Cultura y Reportajes, desde donde fue también enviado a diversos atentados islamistas en Francia o a Fukushima. Hoy es corresponsal en Roma y el Vaticano. Cada lunes firma una columna sobre los ritos del 'calcio'.

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