El PP sólo usa recortes de prensa como prueba para recusar a tres magistrados

El PP recusó ayer a tres magistrados progresistas del Tribunal Constitucional usando como única prueba informaciones publicadas en periódicos. En ellas se indicaba que los tres magistrados progresistas, en una conversación de la que no existen actas ni grabaciones, se manifestaron a favor de la Ley del Gobierno que prorrogaba el mandato del Tribunal Constitucional.

En base a esas supuestas conversaciones, los populares entienden que tienen "interés directo o indirecto en el pleito" y no pueden intervenir en las deliberaciones.

62 diputados del PP, entre los que no se encuentran ni su presidente, Mariano Rajoy, ni su portavoz, Eduardo Zaplana, firmaron y entregaron ayer en el Constitucional el escrito de recusación de los magistrados Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala.

Tras aludir en su escrito a las informaciones de prensa, el PP aclara que lo hacen "sin pretender convertir en fuente del Derecho la invocación de algún diario de la mañana".

El recurso que presentó el Gobierno contra dos magistrados conservadores esgrimía un escrito firmado por ambos y presentado a la presidenta del Tribunal Constitucional en el que manifestaban su oposición a la Ley del Gobierno.

Réplica al Gobierno

Pese a que la recusación del PP se basa en recortes de prensa, los populares mezclan la contundencia -"se debe concluir que los señores magistrados recusados tomaron postura de forma inequívoca, radical y decidida"- con el condicional -"de ser cierta esta información..."-. El PP insiste en que formular esta recusación les resulta "penoso", pero que está "incitada" por la precedente recusación de dos magistrados del Constitucional por parte del Gobierno y piden que se acumulen para que se tramiten de forma conjunta, lo que deja al pleno del Constitucional sin quórum para tomar decisión alguna ya que de los 10 magistrados que lo componen ahora, hay cinco recusados que no podrían intervenir. El pleno no se puede reunir si tiene menos de ocho miembros.

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, declaró ayer: "En nuestro sistema constitucional la paralización de la jurisdicción constitucional equivale a un incumplimiento de la Constitución y supone una quiebra grave del modelo de Estado que ésta consagra. Los ciudadanos tienen que tener la conciencia y la seguridad de que el Constitucional resolverá la situación. No podría ser de otra manera", informa Efe.

El PP solicita como "prueba testifical" la declaración de Casas para que confirme si la supuesta reunión transcurrió como decían las informaciones de prensa. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, juzgó ayer en Lanzarote la decisión del PP como una "completa irresponsabilidad", que se une a la estrategia de no renovar el Consejo del Poder Judicial con el fin de "arrasar" las instituciones.