Un proceso lento y difícil de probar

Los especialistas en Derecho Administrativo coinciden en que las deficiencias en el servicio de Renfe podrían dar pie a una reclamación judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, pero también precisan que es un proceso lento y dificíl.

Lento, porque antes de plantear una demanda judicial se ha de reclamar al propio Estado el perjuicio causado, de manera individualizada y con pruebas. En éste, además de los billetes de tren, los importes de los taxis que han tenido que abonar los perjudicados, los certificados de la empresa que justifican el retraso y otro tipo de documentos. De ahí la dificultad. Sólo cuando la Administración rechaza esa reclamación se puede acudir a la vía contencioso-administrativa, pero habrá que probar de nuevo el perjuicio que se invoca.

La situación no es equiparable a la que se vivió con los apagones del pasado mes de julio, explica un magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "Allí había un contrato con una empresa suministradora que se incumplió, mientras que aquí el tren no ha dejado tirados a los ciudadanos", precisa ese juez. "Es un derecho que los trenes funcionen bien, pero no hay un vínculo contractual. No basta con comprar el billete", dice.

Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que "no es fácil demostrar ante un tribunal la causa-efecto del perjuicio causado por Renfe". Tampoco sería descartable una demanda colectiva de los afectados, pero Ballbé insiste en que el perjuicio ha de ser individual. Incluso la Generalitat se podría plantear una demanda colectiva, "si puede acreditar un daño a sus arcas públicas por el mal funcionamiento de Renfe". Sería una acción similar a la que ha planteado la Junta de Andalucía al reclamar del Estado 1,7 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 víctimas del tabaquismo.