Euskadi gasta 188,7 millones en atender la discapacidad intelectual
La atención a la discapacidad intelectual supone un gasto anual en Euskadi de 188,7 millones de euros, según los últimos datos, correspondientes a 2005, que detalla un estudio realizado por la Federación Vasca de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEVAS) con apoyo del Gobierno y las diputaciones.De esa cifra total, 176,3 millones suponen el gasto real, que se ha obtenido cruzando los datos de agentes públicos y del Tercer Sector. La cantidad restante se ha estimado tras realizar una encuesta a más de 100 familias. Las prestaciones en las que más se invierte son alojamiento y empleo, los centros ocupacionales y de día y las medidas relacionadas con la educación.
Cada familia pone de su bolsillo unos 4.000 euros anuales para contratar servicios privados para la persona discapacitada. "Hacen un enorme esfuerzo para proporcionar unas condiciones dignas", detalló el presidente de FEVAS, Juan Cid, en la presentación del estudio en Bilbao. En total, las familias aportan 18,8 millones del total. Las diputaciones financiaron este gasto en 2005 con 86,9 millones, mientras que el Gobierno vasco dedicó 19,5 millones. El resto lo invierten el Ejecutivo central a través del Imserso y del Inem, las cajas de ahorros, los ayuntamientos y diversas fundaciones.
El impacto económico de estas actividades en el conjunjto del PIB vasco alcanzó en dicho año los 154 millones de euros "más que el Guggenheim (150 millones) o el BEC (101 millones)", detalló Cid.
4.000 puestos
Por cada euro gastado en atender la discapacidad intelectual se han generado 82 céntimos en la economía vasca. De estas actividades dependen unos 4.000 puestos de trabajo. Las haciendas forales y la Seguridad Social recuperan 62 céntimos por cada euro invertido, siempre según el estudio.
Ante esos datos, Cid concluyó que los recursos asignados a los servicios sociales "no deben entenderse como gasto, sino como inversión en bienestar" y agregó que esta actividad "dinamiza la cohesión social y supone un seguro de vida para toda la sociedad". El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, y el diputado de Acción Social de Vizcaya, Juan Mari Aburto, coincidieron en que el gasto social se debe incrementar por ética y responsabilidad social.
[La Diputación alavesa aprobó ayer un decreto que regula las prestaciones de la ley de Dependencia. Por su carácter retroactivo, 1.879 alaveses optarán a ayudas de 390 a 487 euros mensuales].
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