La juez inculpa al ex alcalde de Tomiño por los viñedos de Horacio Gómez

Después de dos años de instrucción judicial, por presuntas irregularidades en el proyecto de la que se conoce como la mayor plantación de albariño de Galicia, promovido por el que fuera presidente del Celta y ex diputado provincial Horacio Gómez, las diligencias se han cerrado con dos imputados. Se trata de José Luis Fernández Lorenzo, entonces alcalde del PP de Tomiño, que será juzgado por presunta prevaricación en la tramitación de la licencia, y de David Gómez Veiga, el hijo del empresario y administrador de la sociedad propietaria de la bodega, Viñedos Vilachán, SL, al que la fiscalía le acusa de un delito contra la ordenación del territorio.

La juez de Tui María del Carmen García Campos ha apreciado graves actuaciones en las obras que ejecutó la empresa de Horacio Gómez, Viñedos Vilachán, en la ladera del monte Galego de Tomiño, entre 2002 y 2005. Con los únicos permisos de roturación por parte del Ayuntamiento, la empresa no sólo prosiguió con las obras, sino que además acometió la plantación de los viñedos sin que el alcalde lo impidiese.

En su escrito de acusación, la titular del juzgado número 2 de Tui entiende que ambas conductas son delictivas, tanto por parte del alcalde como del responsable de la empresa. Se trata de presuntos delitos que conllevan penas de prisión seis meses a tres años y multas para la promotora de hasta 50 euros diarios por infracción urbanística.

La fiscalía ha mantenido los criterios de la juez instructora y ha formulado escrito de acusación contra los dos imputados. El abogado de Viñedos Vilachán ha presentado recurso contra la decisión judicial, pero según las fuentes consultadas será desestimado. La próxima semana está previsto el traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal de Pontevedra, donde se celebrará el juicio.

A pesar del caótico expediente administrativo de Viñedos Vilachán, en el que los permisos iban por detrás de las obras que fue acometiendo la empresa, el proceso no llegó a salpicar a ningún responsable del anterior Gobierno de la Xunta, pese a los informes del Seprona que acompañaban la denuncia que presentó en el juzgado en 2005.

La Guardia Civil advertía que la recalificación de la parcela y el Estudio de Impacto Medioambiental fueron aprobados por el ayuntamiento y la Xunta después de que la empresa levantase la plantación, "cambiando la fisonomía del paisaje". También hacía alusión a un informe de la Confederación Hidrográfica que detectó alteraciones en los cauces fluviales, sancionó a la empresa y la obligó a dejar el terreno en su estado original, y se subraya que pese a las denuncias Medio Ambiente no actuó.Un decreto publicado el 21 de junio de 2005, dos días después de que el Partido Popular perdiese las pasadas autonómicas, puso el colofón al caótico y extenso expediente urbanístico. El entonces vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijoo, firmó el 18 de mayo de 2005 el decreto por el que se aprobaba la recalificación de casi un millón de metros cuadrados de protección ecológica en forestal y agropecuaria.

Ese documento "arreglaba" una situación irregular, tres años después de que la sociedad mercantil de Horacio Gómez acometiese las obras hasta convertir la plantación entre las 15 mayores de Europa. La comisión de gobierno municipal presidida por José Luis Fernández concedió la licencia de roturación de 25 hectáreas el 6 de abril de 2002, pero cinco meses después, vecinos de la localidad de Vilachán, pueblo natal de Horacio Gómez, denunciaron derrumbes de tierra y lodos provenientes de las obras de desmonte que ejecutaba la empresa sin los preceptivos permisos urbanísticos.

La denuncia obligó a la alcaldía a decretar la paralización de las obras, ante la flagrante ilegalidad que los servicios municipales pudieron constatar sobre el terreno. Muros, terrazas y pistas asfaltadas que requerían la autorización de Medio Ambiente. A pesar de la orden de paralización, un informe de la Policía Local constató que las obras prosiguieron en la plantación, pero aun así, el alcalde nunca llegó a decretar el precinto.

En 2001 la empresa había obtenido el visto bueno de Medio Ambiente y la dirección general de Montes para el cambio de cultivo de forestal a labranza, lo que permitió que la Comunidad de Montes le cediese los terrenos mediante una concesión a 30 años. Los informes del Seprona pusieron en tela de juicio la recalificación, al tratarse de terrenos de protección y que acordó el ayuntamiento a través de una modificación puntual del planeamiento urbanístico.

El ex alcalde de Tomiño ya sabe lo que le espera. "Sentarme en el banquillo no me da miedo porque tengo la conciencia muy tranquila", comentó tras conocer el final de este largo proceso. Para el que fuera regidor de Tomiño durante 24 años, "el quid de todo esto está en el Seprona" y, "hay que preguntarse por qué no intervino cuando la empresa estaba cometiendo una ilegalidad y lo hizo tres años después", indicó. Fernández Lorenzo no entiende cómo no se sientan también en el banquillo responsables de la Xunta, porque "la clave de todo aquello" está en el decreto que se publicó en el DOG el 21 de junio de 2005.