El plan urbanístico de Marbella supera las 8.300 alegaciones

Una semana después de terminado el plazo para presentar alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el número de reparos al documento llega a los 8.300. El Ayuntamiento ha facilitado esta nueva cifra, que resulta de añadir las alegaciones recibidas por correo ordinario a las presentadas en las ventanillas del Ayuntamiento dentro del plazo.

La concejal de Urbanismo, Alba Echevarría mantuvo ayer que esperan alcanzar las 9.000 alegaciones. El texto, redactado por la Junta de Andalucía para solucionar los problemas urbanísticos acumulados en la ciudad durante los últimos 15 años, propone la regularización de 18.000 viviendas ilegales mediante un criticado sistema de compensaciones. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, estima que la mayoría de las alegaciones vienen de propietarios de viviendas irregulares afectadas.

De las 8.328 alegaciones contabilizadas hasta el momento, 1.019 proceden del núcleo urbano de San Pedro Alcántara. El Ayuntamiento se ha propuesto informatizar todas las quejas y proporcionar una copia a la Junta de Andalucía. En los próximos meses los técnicos de Urbanismo y de la Junta examinarán la documentación por separado. Cuando finalicen este trabajo tienen previsto reunirse para consensuar una serie de cambios. El Ayuntamiento de Marbella será el encargado de aprobar de forma provisional el documento, aunque la Junta de Andalucía tiene la última palabra para ratificarlo y que se publique en un boletín oficial.

"El Ayuntamiento intentará agilizar el proceso, pero no vamos a escatimar esfuerzos para valorar y dar respuesta a todas las alegaciones presentadas antes de la aprobación provisional del plan", asegura la edil de Urbanismo. El mismo día que expiraba el plazo de alegaciones, la alcaldesa pidió a la Junta de Andalucía un compromiso previo de aceptación de los cambios que el Consistorio piensa introducir. Esa negociación se producirá en los próximos meses. La edil de Urbanismo confía en que llegarán a un acuerdo con el gobierno autonómico e insiste en la importancia de que se incorporen "todas aquellas alegaciones que están debidamente justificadas".

Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía están convencidos de la necesidad de un nuevo Plan General para Marbella. Destacan que dotará de seguridad jurídica a las viviendas, que traerá más inversiones y tranquilizará a sus ciudadanos. A pesar de ello, Echevarría reconoce que el área de regularización -las criticadas compensaciones en zonas verdes y de equipamiento- será la que presente mayores dificultades. Ángeles Muñoz ha asegurado que no permitirá que cargas urbanísticas repercutan sobre los propietarios de las viviendas irregulares, mientras que los redactores del Plan Urbanístico mantienen que si el promotor no se responsabiliza terminarán por asumirlas los compradores, ya que sin compensación no es posible una regularización. Ambos estudian las fórmulas para limar asperezas. "Se trata de encontrar un punto medio, que permita avanzar al documento", explica la edil.

La semana pasada, cerca de 2.000 personas salieron a la calle para protestar contra el nuevo documento de ordenación urbanística. El mayor número de quejas se dirigió contra la Junta de Andalucía. No hubo cánticos contra los promotores de las viviendas irregulares ni contra los miembros de antiguas corporaciones del GIL.