El fiscal denuncia al ex edil de Urbanismo de Vitoria

La Fiscalía de la Audiencia de Vitoria ha denunciado al ex concejal de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, y a quien fue su director de ese área, Antón Sáenz de Santamaría, por sendos supuestos delitos de prevaricación urbanística en la tramitación de dos urbanizaciones de chalés en la ciudad. El informe que ha remitido al juez, pendiente ahora de reparto, considera que Sáenz de Santamaría puede haber incurrido también en un delito de falsedad documental en una de ellas.

La decisión del fiscal jefe, Josu Izaguirre, adelantada ayer por El Correo, respalda las conclusiones de la comisión de investigación sobre esas mismas operaciones urbanísticas que impulsó la oposición en el consistorio vitoriano hace un año, cuando aún era alcalde el popular Alfonso Alonso. Fue la comisión la que llevó sus conclusiones a la fiscalía en mayo.

La fiscalía acusa también a un ex director de área

El PP espera que se aclare todo "como debe ser"

En el caso de la urbanización de Ibaiondo, de promoción municipal, la concejalía de Urbanismo permitió, cuando Ibarrondo y Sáenz de Santamaría eran sus responsables, que la promotora de las viviendas cobrase a cada uno de los 24 compradores un sobreprecio de 54.000 euros sobre el coste que inicialmente había fijado el pleno del consistorio (unos 250.000 euros).

El fiscal ve indicios de prevaricación en la actuación de ambos por permitir ese sobreprecio y, además, de falsedad documental en el caso del director de área, por una nota informativa que redactó avalando el sobrecoste.

En cuanto a la urbanización en Ali, un pueblo de Vitoria, el fiscal considera que hubo irregularidades en los permisos para levantar siete chalés en una parcela que sólo admitía seis. El precio de cada uno superó los 550.000 euros.

El actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento, presidido por el socialista Patxi Lazcoz, pidió ayer respeto a las decisiones judiciales, a la espera de que se conozca la resolución oficial. El impulsor de la investigación de estas supuestas irregularidades urbanísticas, el concejal de EA, Antxon Belakortu, solicitó que Ibarrondo y Sáenz de Santamaría asuman sus responsabilidades: "Si llegara el momento, tendrán que asumir el embargo de sus bienes, porque no es justo que recaiga sobre el Ayuntamiento de la ciudad, que somos todos, el coste de sus decisiones".

Apartado ahora de la política, Ibarrondo, visiblemente afectado, declinó ayer hacer ningún tipo de declaración. El secretario general del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, acusó al resto de partidos de utilizar el caso al remitir la documentación de la comisión de investigación al fiscal. "Esperamos que todo se aclare como debe ser y cuanto antes", comentó Oyárzabal.