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"Espero que me dejen trabajar en paz"

El Ayuntamiento francés pretende recurrir además a la justicia europeaRuth Alonso, la juez de vigilancia que se enfrentó al PP, regresa a las cárceles vascas

La magistrada Ruth Alonso ha vuelto al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria vasco. Y se ha puesto las botas desde el primer día. El pasado 28 de septiembre, tomó posesión de su cargo. El lunes siguiente ya estaba entrevistándose con familiares de presos. Consciente de que la polémica le ha perseguido toda su carrera, ha vuelto al lugar donde más a gusto está, tras pasar por la Audiencia vizcaína. "Este es un destino duro, pero me permite ganar tiempo para estar con mi familia", explica a EL PAÍS.

En la semana del Camino de Santiago que desde hace seis años organiza Pastoral Penitenciaria en estrecha colaboración con la prisión de Nanclares de Oca ha querido escapar de los focos. Sabedora de su tirón mediático, ha preferido dar la palabra a los reclusos, que el pasado jueves le esperaban como si se tratase de la mismísima libertad condicional en persona.

"Los aviones pasan a 100 metros de las casas. Tiemblan las ventanas"

Su pie derecho no estaba en condiciones para hacer este año el camino con los 12 presos seleccionados. Pese a todo, tras una comida opípara con el director de la cárcel de Logroño, viejo amigo de cuando dirigía la prisión guipuzcoana de Martutene, se acercó a Navarrete (La Rioja) a compartir la jornada con ellos. Visita a la alfarería incluida.

- "¿Y Ruth, cuando viene?" El interrogado a las puertas del albergue de peregrinos es Txarly, el capellán de la prisión de Nanclares. Apura una cerveza y pide paciencia. Junto a Pablo y Eva, entonces en la junta de tratamiento, ha sido el alma de este soplo de libertad.

La leyenda de "juez cercana, que escucha" precede a Ruth Alonso en su encuentro con estos peregrinos a tiempo parcial.

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-"¡Cómo me alegro de que haya vuelto. Yo ya no dependo de su pluma, pero la cercanía es su estilo. Te escucha, y si no te va a conceder el permiso, te lo va a decir en ese momento. No te va a dar falsas expectativas", comenta un preso cuya inesperada presencia será toda una sorpresa para Ruth.

Ayer sábado, todos ellos volvieron a la cárcel tras dejar a sus espaldas seis etapas del camino entre Lorca (Navarra) y Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). Kilómetros y kilómetros de libertad con mayúsculas. "Sólo faltaba. No van a ir con grilletes", contesta Txarly ante la duda de si existe algún retén policial de vigilancia.

Luis Gomes, portugués, futbolero y seguidor de la Real Sociedad; Jaime Sa, angoleño de 40 años; Antonio Aleluya Núñez, 32 años, con una diplomatura de ingeniero agrónomo expedida en Cuba. Todos ellos, más negros que el carbón, han impuesto al grupo un ritmo endiablado. Sin embargo, sobran dedos de una mano para contar las ampollas. "No he tenido mucho trabajo, la verdad,", comenta el enfermero de la prisión que les acompaña.

Alonso ha puesto sordina a su regreso. Quiere trabajar sin presiones. "Ahora espero que me dejen trabajar en paz", decía la noche del pasado jueves, poco antes de que la comitiva de presos se dirigiese al albergue de Navarrete a dormir. No da nombres ni siglas, pero está claro que habla del PP y los sectores de la derecha más reaccionaria que le pusieron en la picota en 2002 por excarcelar a etarrasEl malestar entre los ciudadanos, sobre todo en el lado francés, resulta creciente. Los vecinos de Hendaya son quienes más acusan la actividad del aeródromo guipuzcoano. La presión que ejercen ha llevado al consistorio fronterizo a emprender acciones directas para impedir la ampliación y, sobre todo, para que se respete el convenio firmado entre España y Francia en 1992, que estipula un máximo de 24 operaciones al día.

El alcalde hendayés, el socialista Kote Ecenarro, sostiene que el acuerdo intergubernamental está siendo "incumplido sistemáticamente", puesto que "todos los días operan 18 aviones" que suponen 36 movimientos en total. Pese a que la tecnología aeronáutica ha permitido reducir el nivel de ruido de los aparatos, Ecenarro considera que el impacto que producen las operaciones de aterrizaje y despegue en el espacio aéreo del país vecino es "insoportable", dada "la cercanía con que pasan los aviones por la playa y por encima de las viviendas".

"Los aviones pasan a unos 100 metros de las casas. A veces, tiemblan las ventanas", asegura un vecino de Hendaya. El Ayuntamiento ha contratado los servicios de la abogada parisina Corinne Lepage, ex ministra francesa de Medio Ambiente, para recurrir ante la justicia europea la posible violación de los acuerdos internacionales de 1992.

Al mismo tiempo, Hendaya ha encargado a la firma francesa Acnusa la elaboración de un estudio sobre el nivel de decibelios que producen los aviones en la bahía de Txingudi, un espacio protegido, y en el casco urbano de la mencionada población. Acnusa también analizará muestras de las emisiones depositadas por los aviones en los tejados y en los barcos fondeados cerca de la playa por si pudieran producir efectos nocivos en la población.

Mientras, las instituciones vascas tratan de convencer a Fomento de la necesidad de ampliar 300 metros la pista, porque dejarla en sus dimensiones actuales supondría limitar de forma notable la operatividad del aeropuerto. Hondarribia alcanzó el año pasado una cifra récord de 368.009 viajeros, un 19,2% más que el año anterior. Hasta el pasado mes de septiembre fue utilizado por 349.703 pasajeros. Los grupos nacionalista y socialista en el Congreso tratan en estos momentos de llegar a un acuerdo para modificar el Plan Director de AENA, que deja la pista en 1.754 metros, incluidos los 300 metros de las franjas de seguridad.

La juez de Vigilancia Penitenciaria de Euskadi, Ruth Alonso (en el centro), junto a varios de los presos y voluntarios que han hecho parte del Camino de Santiago.
La juez de Vigilancia Penitenciaria de Euskadi, Ruth Alonso (en el centro), junto a varios de los presos y voluntarios que han hecho parte del Camino de Santiago.PRADIP J. PHANSE

Un reencuentro inesperado

"Me diste mi primer permiso de dos días. El siguiente fue para poder venir al Camino de Santiago y poco después firmaste otro de seis días. Lo veo como si fuera ayer". Empieza a caer la noche en Navarrete (La Rioja) y la juez Ruth Alonso se hunde en su abrigo de piel negro para protegerse del frío. Escucha al preso y pone cara de circunstancias. No recuerda su historial con tal precisión. Son los reencuentros inesperados.

Quien le habla es José Carlos J., condenado a 23 años por un jurado de Vitoria por el asesinato del anticuario Ángel Quintana, de 71 años, ocurrido en enero de 1998. Este crimen y otros homicidios cercanos en el tiempo conmocionaron a la sociedad vitoriana. En este particular Camino de Santiago, todos los historiales, todas las sentencias se ven de otra manera, sobre todo cuando uno cruza los ojos con los penados.

El responsable de la muerte del anticuario siempre ha negado ser el asesino. Es una persona diminuta, con grandes ojos llenos de vida. Ha vuelto al camino, es un peregrino reincidente. Ya lleva cuatro. Le falta poco más de un año para lograr la libertad condicional y está incluido en el "artículo de la pulsera", el 86.4, que permite cumplir la pena en el exterior con control telemático. "Algunos se van a Benidorm. Yo vengo aquí por placer, me relaja", confiesa a sus 45 años. Alonso, casi disculpándose, admite que no ha podido hacer el camino con ellos. "Tengo el pie derecho fatal; el año que viene prometo que lo haré", explica.

El asesino del anticuario paso ocho años en Nanclares. Su comportamiento fue "ejemplar", recuerda un miembro de la Junta de Tratamiento que comparte kilómetros con los 12 reclusos. Ahora, fuera ya de Euskadi, espera tener cuanto antes la pulsera. En el bar cercano al albergue de peregrinos de Navarrete, la juez se extraña de que aún no la lleve: "En Madrid me enseñaron en mayo a ponerlas. Es muy fácil". Problemas burocráticos.

Sus manos destrozaron el cráneo de Quintana. Ahora se dedican a la electricidad. No sueña con que el Supremo anule la pena. Sus abogados presentaron tarde el recurso. Sólo quiere rehacer su vida, compaginar su actividad de chispas con las antigüedades, pasión que le ha salido muy cara.

ENVUELTA EN LA POLÉMICA

- Excarcelaciones.

La juez Ruth Alonso se vio envuelta en 2002 en una dura polémica con el Gobierno del PP tras respaldar la excarcelación de presos de ETA con condenas por delitos de sangre como Ramón Gil Ostoaga (2002). Antes había hecho lo propio con José Miguel Latasa (1995) o etarras alejados de la banda como Isidro Etxabe y Jon Urrutia (1994).

- Objetivo desde 1994. ETA la fijó en su mira por ser "pieza importante en la llamada política de reinserción del Gobierno".

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