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Las ayudas de la UE engordan las cuentas de grandes terratenientes

Unos 5.000 residentes en Madrid se reparten subvenciones millonarias de la UE - Mario Conde, los Entrecanales o los Mora Figueroa, entre los más beneficiados

Andreu Missé

Los Fitz-James Stuart no son agricultores. Pero el apellido de la duquesa de Alba se encuentra entre los más beneficiados por las subvenciones agrícolas de Bruselas. Lo mismo ocurre con varias familias que no se asocian precisamente al campo. Que ni siquiera viven en el campo: Mario Conde, Alberto Alcocer, los Entrecanales, los Mora Figueroa..., la lista es extensa. El año pasado, unos 5.000 agricultores de sofá, residentes en Madrid pero con fincas repartidas por Castilla-La Mancha, Andalucía y otras comunidades, recibieron un cheque millonario: las ayudas comunitarias en concepto de "pago único".

Entre los beneficiarios figuran centenares de antiguos campesinos, que desarrollan su actividad profesional en la capital, pero que continúan con sus labores agrícolas a tiempo parcial. Pero también grandes terratenientes, con subvenciones que a veces superan los 100.000 euros al año. El cheque viaja directamente de Bruselas al paseo de la Castellana o a la calle de Alcalá; en definitiva, a la sede madrileña de las empresas que explotan fincas en otras comunidades.

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Los privilegiados de la Política Agraria Común (PAC) no se encuentran sólo en España. En la larga lista de beneficiarios figura media realeza europea. Isabel II, reina de Inglaterra, recibió más de 350.000 euros en 2006 por sus propiedades en Sandringham. Alberto de Mónaco está también entre los aristócratas subvencionados. Y lo mismo ocurre con las grandes industrias de alimentación, como Arla, Danone y Nestlé.

El 20 de noviembre Bruselas retoma el debate sobre las subvenciones agrícolas. Una discusión que enfrentará dos concepciones de la política agraria y de Europa en general. Por un lado, la proteccionista del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que propugna mantener las ayudas y primar la producción europea. En el otro extremo, la liberal del premier británico, Gordon Brown, que quiere adelgazar la PAC para dedicar ese dinero a I+D. La factura es multimillonaria. El total de ayudas asciende a 55.000 millones anuales, más del 40% del presupuesto comunitario. Y el "pago único" está en el ojo del huracán.

Los agricultores se embolsan por este sistema -que se acordó en 2003 y entró en vigor el año pasado- un cheque por un valor aproximado del 75% del promedio de ayudas que recibieron entre 2000 y 2002. Estas cantidades son completamente independientes de lo que produzcan en sus tierras. En la práctica, sólo se les exige que no descuiden las labores de mantenimiento.

Con el "pago único" se pretendía simplificar las ayudas y la burocracia. Pero el resultado es discutible. "Las ayudas, al basarse en datos históricos, carecen de racionalidad económica", señala Albert Massot, experto del Parlamento Europeo. "No tiene ni pies ni cabeza otorgar subvenciones a un agricultor por lo que cultivó hace siete años como cerealista y que hoy se dedica a otra actividad", advierte.

Uno de los aspectos más criticados del sistema es que concede ayudas sin límite de cuantía. En España, el abanico va de los menos de 100 euros en las pequeñas explotaciones a los 2,7 millones de euros de Complejo Agrícola, de la familia Mora Figueroa en Sevilla, o a los 220.000 de la finca Las Salcedas (Ciudad Real) de la familia de Mario Conde, que el ex banquero recibe puntualmente en Madrid. El total distribuido por "pago único" en España ascendió en 2006 a 2.252 millones.

Las ayudas están en pocas manos. En España, el 1% de los 900.000 beneficiarios se reparte el 22% del pastel. Y los 80 más ricos se embolsan 88,5 millones; es decir, más de un millón por cabeza. Algunas comunidades autónomas amagaron en 2003 con redistribuir las ayudas, pero el proyecto no prosperó. Sólo Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña publican la lista de beneficiarios en su territorio.

En el resto de Europa sucede otro tanto. Jack Thurston, cofundador de Farmsubsidy, una organización que ha desarrollado el trabajo más exhaustivo para averiguar el destino final de las subvenciones, señala que en 2005 "el 85% de los pagos fue a parar al 18% de los beneficiarios". Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea, ha elogiado, no sin ironía, "los esfuerzos de Farmsubsidy", que ha logrado identificar a 1,3 millones de beneficiarios de un total de siete millones, "algunos de ellos famosos y probablemente agradecidos por la publicidad".

Madrid, como Manhattan

La mayor concentración de beneficiarios de subvenciones agrarias en España se encuentra junto al parque del Retiro, en pleno barrio de Salamanca (ver cuadro). Sólo el paseo de la Castellana puede hacerle sombra. Pero Madrid no tiene la exclusiva de esa aparente paradoja que consiste en que los perceptores de las ayudas al campo estén en plena capital. También en Estados Unidos muchos de los granjeros que reciben las mayores ayudas están localizados en zonas tan poco rurales como Manhattan. Y eso a pesar de los sucesivos intentos del Ejecutivo estadounidense en los últimos 20 años por limitar los pagos directos para evitar fraudes y atenuar los daños colaterales que provoca el hecho de que la mayor parte de las ayudas se concentre en muy pocas manos.

Bruselas persigue ahora un objetivo parecido. La comisaria de Agricultura, la danesa Mariam Fischer Boel, ha elaborado un proyecto -cono-cido como chequeo médico-, para reformar la PAC. Las líneas maestras de este documento, que se presentará el próximo 20 de noviembre, suponen una reducción de las subvenciones por tramos. Los pagos superiores a 300.000 euros se reducirán un 45%; los comprendidos entre 200.000 y 300.000 euros, en un 25%, y la banda inferior bajará un 10%. Se trata de una propuesta que rebaja más las ayudas a los que más perciben. Y es mucho más moderada que la presentada por el anterior comisario, Franz Fischer, en 2003, que proyectaba eliminar de un plumazo toda ayuda superior a los 300.000 euros.

La propuesta de la comisaria Fischer Boel, según los expertos, afectaría a unos 23.500 agricultores, con una reducción de las ayudas de 554 millones, el 1,7% del total.

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