Ayuntamientos en guerra con los alojamientos ilegales

Policías pertrechados con cascos y porras contra ciudadanos que se niegan a abandonar sus casas. Los desalojos violentos por razones de insalubridad, delincuencia, irregularidades urbanísticas o remodelaciones se repiten. Si el pasado jueves se desató una batalla campal entre agentes y vecinos en la Cañada Real Galiana -un asentamiento alegal al este de Madrid en el que viven unas 40.000 personas y que comenzó a levantarse hace 40 años sin que las autoridades lo impidieran- cuando el Ayuntamiento intentó continuar derribando chabolas, ayer los incidentes se trasladaron a Barcelona. La Guardia Urbana cargó contra cuatro familias desalojadas a la fuerza y una cincuentena de jóvenes antisistema y otros vecinos que se solidarizaron con ellas en el barrio del Bon Pastor.

Parte de los afectados por los derribos de la Cañada Real -unas 30 familias por el momento- entorpecieron ayer con su marcha el tráfico en la autovía Madrid-Valencia para protestar por la destrucción de sus casas. Su destino eran las dependencias del Ayuntamiento de Madrid en Vicálvaro, donde intentaron sin éxito reclamar la legalización de los inmuebles que ellos mismos levantaron sin autorización y cuyo derribo ha ordenado un juez. Las cuatro familias desahuciadas del barrio barcelonés del Bon Pastor fueron trasladadas provisionalmente a un hotel, donde permanecerán hasta que se les entreguen los pisos que les concedieron a cambio de las casas que tanto se resistieron a abandonar.