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Reportaje:A pedradas contra un derribo

Un problema enquistado que surgió hace 40 años

La Comunidad anunció en 2005 un plan para la zona, que no ha puesto en marcha

Ninguna administración, y en especial la Comunidad de Madrid, se ha tomado en serio el problema de la Cañada Real Galiana (Villa de Vallecas). Esta inmensa zona de 15 kilómetros de longitud y en la que viven unas 40.000 personas se ha convertido en los últimos años en un foco de marginalidad, delincuencia y suciedad. Los intentos del alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, y del anterior delegado del Gobierno, Constantino Méndez, han quedado metidos en el cajón de algún despacho.

En mayo de 2005, el anterior consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, se comprometió a hacer un detallado estudio de la zona y ver qué soluciones se tomaban para acabar con este foco de marginalidad. Desde entonces, silencio. Mucho silencio.

"Ha llegado el momento de decir basta", afirma el alcalde de Rivas

La Cañada Real es un espacio protegido en 1273 por un real decreto de Alfonso X el Sabio que prohibió cualquier tipo de edificación. Las primeras construcciones comenzaron hace unos 40 años, en un territorio fronterizo entre los municipios de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares. El cierre del poblado chabolista de Las Barranquillas, en el propio distrito de Villa de Vallecas, hizo que la Cañada Real recibiera a centenares de moradores que poco a poco fueron construyendo viviendas ilegales en un terreno propiedad de la Comunidad de Madrid.

Lejos quedan las palabras del consejero Zabía, en las que pedía el mayor consenso para acabar con el problema. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, retomó ayer la idea que planeó Constantino Méndez en 2005 de implicar a todas las administraciones. De hecho, el regidor remitió hace un mes, junto con su homólogo de Rivas, José Masa (IU), una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Ambos le instaban en la misiva a crear un organismo permanente que dé solución al problema de la Cañada Real. En esta comisión debería de participar "inexcusablemente" la Delegación del Gobierno en Madrid, porque existe un "serio" problema de orden público. Fuentes de la delegación recordaron que el problema es de la Comunidad de Madrid, la competente en el caso.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente reconoció ayer que "en la actualidad" no hay ningún plan del Gobierno regional para eliminar los asentamientos. Lanzó balones fuera, al recordar que la vigilancia urbanística es competencia estrictamente municipal. Eso sí, la Comunidad de Madrid, al ser el legítimo propietario, también podría haber actuado al ver dañados sus derechos. Hasta la fecha no ha hecho nada, pese las continuas peticiones del alcalde de Rivas-Vaciamadrid.

"Como se ha construido de manera incontrolada, se ha creado un problema social de primera magnitud. Se mezclan la droga, la delincuencia y personas muy necesitadas. La Comunidad no ha tomado ninguna decisión y el problema es cada vez más grande", protestaba José Masa.

"Es necesario que la Comunidad de Madrid haga un estudio de las necesidades reales y se diseñe un plan de realojo que englobe a todos los municipios de la región", protestó el alcalde ripense. Tiene previsto recordárselo hoy a la presidenta regional, que tiene la entrega de llaves de 400 viviendas del Plan Joven en Rivas.

Cada noche se construyen nuevas infraviviendas, pese a estar prohibido, según recuerda Masa. "Ha llegado el momento de decir basta y de que no se repitan hechos como el de hoy [por ayer]", concluyó Masa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de octubre de 2007