Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
A pedradas contra un derribo

Una juez paraliza la demolición de siete casas de la Cañada Real

Vecinos de la Cañada Real protestan ante la Junta Municipal por el derribo de una casa pero nadie les recibe por carecer de cita previa.- Los choques con la policía de ayer se saldaron con 41 heridos

Marcha chabolista por la A-3.
Marcha chabolista por la A-3.

Los chabolistas de la Cañada Real Galiana han logrado hoy su primera victoria en su lucha contra la Administración, en este caso sin violencia y en los tribunales. Tal y como adelanta hoy este periódico, la juez que estudiaba si el Ayuntamiento de Madrid podía proseguir con el derribo de siete de viviendas, tras la suspensión cautelar del expediente de demolición promovida por los afectados la semana pasada, ha fallado a favor de los vecinos. Mientras, más de un centenar de habitantes del poblado se han dirigido a pie por la A-3 a la Junta Municipal para protestar por el violento desalojo y derribo de una vivienda ilegal, que causó ayer 41 heridos y en el que nueve personas fueron detenidas. Nadie les ha recibido porque no habían pedido cita previa.

Una de las portavoces de la iglesia de la Cañada, la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, Alicia García Lázaro, ha informado de que la juez de lo Contencioso Administrativo número 20 de Madrid ha decidido esta mañana paralizar el derribo de siete viviendas -ubicadas en dos parcelas de unos 2.000 metros cuadrados cada una- por parte del Ayuntamiento de Madrid, tras la suspensión cautelar promovida por los afectados la semana pasada. La juez prolonga así la suspensión provisional de derribo determinada por un plazo de tres días, por lo que "de momento evidentemente no se van a demoler las siete viviendas", ha añadido García Lázaro.

Por su parte, la abogada de las siete familias de rumanos que habitan en las viviendas cuyo derribo ha sido paralizado durante el tiempo que dure el procedimiento judicial, Eva Navarrete, ha confirmado que ha recibido "el auto que confirma la suspensión de las órdenes de desalojo y demolición". "Ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso, esperamos que el lunes o el martes, y tendremos 20 días para formalizar la demanda ante el mismo juzgado", ha añadido Navarrete.

Es el "domicilio" de las familias

La abogada, que calcula que la vista para el juicio podría retrasarse hasta finales de 2008 o incluso 2009, ha adelantado que "una vez tramitado el recurso, la sentencia decidirá si el acto de la Administración fue correcto y entonces procederá al desalojo y demolición, o si fue contrario a derecho y los vecinos se pueden quedar con sus casas". "Entonces el Ayuntamiento volvería a empezar otra vez, es de suponer, pero haciendo las cosas correctamente", ha añadido Navarrete. El razonamiento jurídico aportado por la juez para justificar su decisión de confirmar la suspensión cautelar del derribo es "breve" y se refiere a que "las casas objeto de derribo constituyen el domicilio de estas familias". "Aunque las construcciones son infraviviendas, su demolición supondría perjuicios de difícil o imposible reparación al tratarse del domicilio de familias", reza la sentencia. Paralelamente a la formalización de la denuncia por parte de las familias, el Ayuntamiento tiene 15 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

Mientras tanto, entre 100 y 150 habitantes de la Cañada Real de Madrid, la mayoría marroquíes y muchas mujeres con carritos de bebé incluidos, han emprendido esta mañana una marcha no autorizada a pie desde su poblado chabolista en protesta por la redada policial y la demolición de una de sus casas. Se trata de un movimiento popular espontáneo surgido de una asamblea celebrada en el barrio a primera hora del día. La marcha ha arrancado a las 10.00 horas, acompañados por unos 20 agentes de policía, y sólo se ha vivido un momento de tensión, cuando la policía ha querido pararles en Santa Eugenia. Además, se han registrado problemas de tráfico, porque la marcha ha ocupado un carril. Tráfico informaba de un kilómetro de retenciones entre los kilómetros 10 y 11. Custodiados por la policía, han caminado por el lateral de la autovía de Valencia (A-3) y han tomado el desvío de Valdebernardo hasta llegar a la Junta Municipal de Vicálvaro a las 13.30.

Allí, se ha permitido la entrada de cuatro portavoces con la promesa de que les iban a recibir los responsables de la junta. Sin embargo, tras tenerles 20 minutos esperando en un pasillo, un funcionario les ha comunicado que lograr una entrevista era imposible porque no tenían cita previa. Les han conminado a rellenar una circular y a esperar que se les convoque en el futuro. A su salida, los líderes vecinales han reclamado que sus casas sean legalizadas y que se paralicen las demoliciones. La concentración se ha disuelto sobre las 14.10, cuando los vecinos han decidido volver a su barrio en metro. El derribo de la chabola degeneró ayer en una batalla campal, que se saldó según el último recuento con 41 heridos, entre ellos 35 policías, entre municipales y antidisturbios.

Con botellas, pedradas y puñetazos, los vecinos hicieron frente al despliegue policial y acusan a los agentes de haber actuado con brutalidad. Las multas por participar en una marcha no comunicada a la Delegación del Gobierno, que debe además autorizarla, son de entre 3.000 a 6.000 euros. La Cañada Real Galiana, situada entre las carreteras de Barcelona y Andalucía, acoge unas 2.000 viviendas en las que viven 40.000 personas. El Consistorio madrileño está decidido a acabar con este poblado chabolista, en el que la venta de droga está a la orden del día.

Carga policial en otro desalojo en Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana han comenzado a las 9.30 el desalojo de las Cases Barates en el barrio del Bon Pastor, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Este barrio está inmerso en un proyecto de reordenación urbanística, que contempla el derribo de estas casas, construidas en 1929, tras la Exposición Universal. Cinco familias se negaron a abandonar sus casas y rechazaron la indemnización y el piso oficial que les ofrecía el Ayuntamiento -con una hipoteca de 300 euros al mes durante 20 años-.A mediodía, los agentes antidisturbios han cargado contra algunos vecinos que se resistían y periodistas que cubrían los hechos. Algunos se han quejado de la contundencia policial y han ido al ambulatorio para obtener un certificado de las contusiones recibidas. En ese momento, la Guardia ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de las casas para que los curiosos y los periodistas no se acercaran, mientras los vecinos afectados seguían vaciando sus casas. En la zona se han concentrado un centenar de personas.

Más información