Vencer o convencer

¿Vale la pena salvar la integridad del Estatuto catalán al precio de hundir la credibilidad del Tribunal Constitucional (TC)? No, pero tampoco hundir el Estatuto catalán si el precio es la pérdida de credibilidad de ese tribunal. Los dos principales partidos, creyendo defender cada uno su propio interés, han logrado el efecto de perjudicar el de todos: cualquiera que sea la resolución del recurso sobre el Estatuto, nacerá deslegitimada por su demasiado visible intervención, lo que dará argumentos a la parte que se sienta perdedora para no aceptarla. Y eso es más grave que cualquier resolución, por errónea que se considere. Especialmente cuando, además, ha existido una clara voluntad de condicionar la decisión con propuestas como la de que, si prosperaba el recurso, en todo o en parte, habría que convocar un nuevo referéndum.

De entrada, una resolución adoptada tras un empate dirimido por el voto de calidad del presidente ya habría sido una mala solución. Los trabajos del Tribunal debieron haberse dirigido, como fue tradición en el pasado, a la búsqueda de un acuerdo mayoritario, pactado entre las distintas posiciones. Partiendo de esa actitud, la recusación de Pérez Tremps, por discutible que resultara, no habría tenido tanta importancia. Hoy parece evidente que hubiera sido mejor una resolución rápida que una congelación que ha favorecido estos enredos interminables.

Se viene dando por supuesto que una sentencia que declarase nulos artículos importantes del Estatut (o incluyera criterios interpretativos restrictivos) sería una derrota para los socialistas. La mayor derrota sería que, en aras de ese criterio, se diera luz verde a la generalización en todos los Estatutos de cláusulas tan dudosamente constitucionales como la fijación de las inversiones del Estado en función de la aportación de cada comunidad a la riqueza nacional: la parte no puede condicionar una decisión que corresponde al Estado. Constitucionalistas y economistas advirtieron en su momento de la inviabilidad del modelo autonómico si esa y otras disposiciones del Estatut eran imitadas en los de otras comunidades, lo que se consideraba probable. Esa previsión ya se ha verificado, y sus consecuencias disfuncionales comienzan a ser visibles.

Los nacionalistas deberían ser los más interesados en la coherencia del Estado autonómico en su conjunto. "Nos conviene que dure el Frente Popular el tiempo necesario para completar los traspasos y consolidar la autonomía de Catalunya", escribía Francesc Cambó en 1936, según ha recordado Pasqual Maragall (EL PAÍS, 9-10-2007). Que dure, añadía, "para aprobar los estatutos vasco y gallego y hacer los correspondientes traspasos y para crear otros núcleos regionalistas y a ser posible con Estatuto (Valencia, Aragón, etc.)". Es un planteamiento que recuerda al que hizo en las Constituyentes de 1977 el Arzalluz de entonces: "La autonomía de los demás es garantía de la nuestra".

La falta de un diseño lógico de la reforma ha provocado excentricidades como que los valencianos incluyeran una cláusula por la que se reservaban el derecho de reclamar cualquier competencia que se reconociera a Cataluña, o incoherencias como que los populares votasen a favor de un proyecto de Estatuto andaluz que reproducía decenas de artículos del catalán, recurrido por ellos. Conviene recordar, sin embargo, que ese voto fue el resultado de una fuerte presión de los socialistas para que la derecha andaluza se sumase al consenso, a fin de reforzar la legitimidad del proyecto. Esa presión tiñe de cierto oportunismo la pretensión ulterior del Gobierno de Montilla de que se diera por no presentado el recurso del PP contra el Estatuto catalán con el argumento de que el voto de los diputados populares al andaluz "daba por desaparecida" la causa del mismo.

Una vez suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad, es lógico mantener la posibilidad de un recurso ulterior, incluso si es cierto que, situado después del referéndum de ratificación, plantea un problema político. Pero el propio ejemplo del Estatuto andaluz permite acotar el alcance de ese problema: por una parte, fue ratificado, pero con una participación de poco más de un tercio del censo. Y tal vez muchos diputados, no sólo del PP, que dudaban de la constitucionalidad de algunos de sus artículos copiados del catalán no hubieran dado luz verde a su aprobación en Las Cortes sin la garantía de una posible intervención final del TC.