La Fiscalía no actuará contra los delegados de prevención salvo que tengan poder real

La Fiscalía del Tribunal Superior no actuará contra los delegados de prevención en los casos de accidente laboral grave. Así de tajante fue ayer la fiscal jefe de ese tribunal, María Angeles Montes, quien precisó que la responsabilidad hay que buscarla en la cadena de mando, y sólo afectará a los delegados si tienen atribuciones reales de vigilancia y poder de decisión. El secretario general de UGT, Dámaso Casado, aseguró que "la creación de una fiscalía especial está dando sus frutos", tras la alarma que había generado el procesamiento de varios delegados de prevención.

En una jornada organizada por la Fundación Laboral San Prudencio, María Ángeles Montes explicó que, ante los criterios cambiantes que han seguido los jueces a la hora de evaluar el papel de los delegados sindicales de prevención era necesario fijar la posición del Ministerio público. "Si los delegados no tienen ninguna facultad de mando ni de dirección, como suele ser habitual, no tienen que responder de nada. La Fiscalía no va actuar contra ellos". Tiene que haber, añadió, una atribución de funciones de mando o de vigilancia, y una relación de causa entre un accidente de gran gravedad y el incumplimiento de sus obligaciones.

Montes, que centró su intervención en las consecuencias penales de los incumplimientos de la Ley de Prevención, explicó que desde la creación de una fiscalía específica para este tipo de delitos se está avanzando en la creación de un grupo de fiscales expertos. "Se está trabajando muy a fondo en los accidentes graves, pero la gran asignatura pendiente es la prevención; es decir, disponer de información a través de la Inspección para atajar el riesgo antes de que se transforme en accidente", precisó.

La jornada celebrada en Vitoria llega cuando la cifra de fallecidos en siniestros laborales en lo que va de año se eleva ya a 70 trabajadores en Euskadi. Después del accidente registrado el 6 de septiembre en la planta de biocombustibles Bionor de Berantevilla (Álava), en el que murieron dos trabajadores, y otros dos resultaron heridos, se han producido otros seis accidentes mortales. Osalan no ha finalizado todavía el informe de aquel accidente, a la espera de poder disponer de la declaración de los dos heridos. Bionor es una empresa participada por el Gobierno vasco.

El consejero de Justicia y Empleo, Joseba Azkarraga, que inauguró la jornada, destacó que atajar la siniestralidad "es un problema de todos", empresarios, inspección, tribunales y trabajadores, y apostó por desarrollar una cultura favorable a la prevención de riesgos.

Plan de Salud

Azkarraga llevará al Parlamento vasco el próximo lunes el Plan estratégico 2007-2010 de Seguridad y Salud Laboral, que no cuenta con el apoyo de los sindicatos ni de la patronal. Cuando lo presentó públicamente dijo que el objetivo es reducir en 2010 el número de accidentes laborales de la actual tasa de 61,5 por cada mil trabajadores a 50 por mil, así como cerrar 2007 con un acumulado no superior a los 41 accidentes mortales. La contabilidad oficial es siempre menor que la real, ya que no se computan los fallecidos en Euskadi pertenecientes a empresas radicadas fuera de la comunidad autónoma.

Aunque todos los ponentes coincidieron en que hay que avanzar en una cultura de prevención, la fiscal jefe precisó que las responsabilidades penales por incumplimientos recaen sobre todo en los empresarios y en las cadenas de mando de las empresas. El secretario general de la UGT, Dámaso Casado se mostró satisfecho tras la intervención de Montes, y aseguró que los delegados sindicales de prevención necesitaban ese apoyo de la Fiscalía, porque ya soportan habitualmente un extra de tensión en sus empresas.

Sin embargo, el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior, Manuel Díaz Rábago, lanzó varios "avisos a navegantes". Tras resaltar que después de un accidente se pueden pedir responsabilidades administrativas, penales, sociales y civiles, alertó del incremento de la litigiosidad, que puede afectar a todos.

"Los empresarios tienen que saber que se les pueden pedir responsabilidad por incumplir su deber de evaluar los riesgos, de informar de esos riesgos, de formar a los trabajadores, de coordinar a los trabajadores y, finalmente, de vigilar que eso se cumpla", advirtió. Pero destacó también que el pasado 10 de julio una sentencia admitió el despido legal de un trabajador "por incumplir reiteradamente sus obligaciones de seguridad".