Maragall ironiza sobre el mandato de CiU: "No sabía que las comisiones eran del 20%"

Una alusión de Pasqual Maragall abrió el debate político, en febrero de 2005, sobre el cobro de comisiones en la adjudicación de obras por parte del último Gobierno de CiU. El entonces presidente de la Generalitat de Cataluña lo hizo afirmando que eran del 3%. Ayer, el ya ex presidente reaccionó con ironía a la decisión del juzgado de Barcelona que ha acreditado el pago de comisiones muy superiores. "No sabía que eran del 20%", dijo Maragall.

Un juez de Barcelona considera acreditado que en 2003, durante el mandato de CiU, al menos un constructor pagó comisiones de hasta el 20% del contrato que recibió cuando trabajó para Adigsa, empresa pública de la Generalitat encargada de la rehabilitación de viviendas sociales. Al conocer esta información, adelantada ayer por EL PAÍS, Maragall evitó explayarse. A preguntas de los periodistas, en un acto sobre las relaciones entre España e India, en la Universidad de Valladolid, se limitó a señalar que "es una noticia muy antigua".

La posición de su partido, el socialista, es otra, porque salpica políticamente a algunos de los principales dirigentes de CiU, si bien ninguno de ellos aparece citado en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona. El PSC, Iniciativa Verds-Esquerra Unida (EUiA), PP y Ciutadans exigieron ayer que CiU aclare qué sucedió. El supuesto cobro de comisiones se realizó en las adjudicaciones de la empresa pública Adigsa en una etapa en la que dependía del entonces consejero de Política Territorial, Felip Puig, actual portavoz del grupo de CiU en el Parlamento catalán.

El secretario general del PSC, José Zaragoza, instó a Puig a "dar explicaciones" porque, según dijo, "en este caso no se ha dicho toda la verdad". Tras recordar que el líder de CiU, Artur Mas, tenía también responsabilidades de gobierno en aquella época, Zaragoza dijo que Mas y Puig "deben aclarar qué pasó" y no permitir que los ciudadanos puedan pensar que durante los 23 años de Gobierno de CiU "las cosas funcionaban como en las películas de la serie B". También fue muy escueto el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, quien recordó que el Tribunal de Cuentas tiene pendiente un informe sobre la empresa pública Adigsa. De la actuación judicial en este caso se limitó a decir: "Que pase lo que tenga que pasar".

Joaquim Nadal, actual titular del departamento que dirigía Puig, evitó ayer formular ninguna valoración política y se limitó a señalar que el Gobierno de la Generalitat comparece en el proceso judicial como parte perjudicada "y así lo continuará haciendo".

En cambio, el presidente del PP en Cataluña, Daniel Sirera, aprovechó la ocasión para atacar tanto a CiU como al PSC, a los que acusó de "taparse mutuamente las vergüenzas". Recordó que en su día el PP pidió una comisión de investigación que no se constituyó por la negativa de CiU y el PSC. El coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Jordi Miralles, aprovechó la ocasión para destacar que CiU le acusa de "expropiar pisos" a cuenta de una disposición legal que prevé el alquiler forzoso de viviendas vacías "cuando por lo que se ve son otros los que han expropiado dinero público durante años".

Desde Convergència Democràtica, por el contrario, se utilizó ayer una cuestión de detalle procesal para rebajar importancia a la decisión del juez. CDC considera que el auto "no es firme" y que "ha quedado en suspenso" porque la Audiencia de Barcelona ha ordenado que se periten los pisos que compró Adigsa para rehabilitar, dentro del Pla Jove, "con la finalidad de captar votos para CiU", en palabras del juez. Es una cuestión tangencial que no afecta para nada a la esencia del auto. En él se afirma que un constructor pagó 60.000 euros por comisiones, que eso supuso el 20% de las obras concedidas y que la cúpula de Adigsa lo permitió. Todos ellos militantes de CiU, recuerda el juez.