El denunciante del 'caso Anesvad' exigió a Gamarra 220.000 euros para no acusarle

El ex empleado de Anesvad que realizó la denuncia que abrió la investigación de las cuentas de la ONG exigió más de 220.000 euros a su ahora ex presidente José Luis Gamarra, encarcelado desde hace siete meses por supuesta apropiación de fondos, para no desvelar las presuntas anomalías. La exigencia figura en una grabación que consta en las diligencias judiciales y que recoge una conversación entre la abogada del ex empleado, M.G.R., y Gamarra. Pedía además que 110.000 euros no constasen para evitar pagar impuestos. Poco después, denunció el caso a la Ertzaintza.

La grabación fue intervenida por la policía vasca en el registro realizado en las oficinas centrales de Anesvad en Bilbao, los pasados 8 y 9 de marzo, cuando Gamarra, entonces presidente de la entidad, cargo del que dimitió el pasado 1 de mayo tras ser encarcelado, fue detenido por supuesta apropiación de 4,6 millones de euros de la ONG. Su contenido no se había conocido hasta ahora. La defensa del imputado pidió en septiembre al Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, que instruye la causa, acceder al contenido de la grabación -consta en las diligencias como "CD Anesvad, Fichero abogados 1,2"-, lo que fue aceptado en un auto por la titular del juzgado, Belén Mendoza.

La conversación se produjo a principios de 2006, en un momento de gran crisis en la ONG. En agosto de 2005, Gamarra se enteró por el empleado M.G.R. de que sus dos máximos directivos, el entonces director general, José Miguel Sustacha, y el director financiero, Francisco Martínez, se habían apropiado de 980.000 euros (440.000 cada uno) desviando desde 2003 a una cuenta inactiva de Anesvad cheques de donaciones particulares. Este hecho llevó a Gamarra a ordenar una auditoría interna en la que descubrió que M.G.R., adjunto al director financiero, se había apropiado de otros 23.000 euros inflando gastos y dietas.

En esas fechas ya habían salido de Anesvad los dos directores, quienes cobraron una compensación total de más de 312.000 euros. Esta elevada indemnización, pese a su conducta, ha sido justificada por Gamarra para evitar que los hechos trascendiesen al exterior y por su "trabajo espléndido", que en el caso del director general se prolongaba 36 años.

Compromiso de desaparecer

Las grabaciones -además de la de la reunión de la abogada del denunciante con Gamarra existe la de otra cita a la que también asistió la letrada del director general despedido por el fraude- muestran que M.G.R. posee información de las cuentas y registros internos de Anesvad que constatan anomalías en la gestión. "Marcos no tiene problemas en enfrentarse a un juez porque tiene documentación", recalca su letrada.

La abogada expone a Gamarra que su cliente tiene que ser tratado de manera diferente a los dos directivos por los más de cinco años que llevaba en la entidad, el trabajo realizado "y la denuncia grave que hizo", en referencia al fraude cometido por aquéllos. En su petición incluye cobrar 22.000 euros por el finiquito, a los que une el importe de 42 mensualidades, la indemnización "para un trabajador que lleva toda la vida en una empresa". La letrada justifica esta petición, pese a que M.G.R. sólo llevaba cinco años en Anesvad, en que su continuidad estaba asegurada "y él considera que habría seguido". Ello se traduciría en 110.670 euros, una cantidad que multiplica por dos hasta alcanzar 221.340 euros "para no tener perjuicios fiscalmente". "En su renta se declararían los 110.660", reconoce.

En las grabaciones, la abogada del denunciante reitera varias veces la disposición de éste a "no poner en entredicho ni denunciar" a la ONG si se acceden a sus peticiones. "Se compromete a desaparecer, que no ha existido para la empresa. Borraría en su mente" toda la información que tenía. En un momento de la conversación, la letrada advierte de que su cliente considera que "igual tendría que responder por 20.000 euros [los gastos inflados], pero otros, por más".

Gamarra no aceptó estas exigencias y en marzo de 2006 el ex empleado llevó la información que tenía a la Ertzaintza. En julio de ese año, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inició la investigación.