El Ayuntamiento quiere que el Atlético adelante 160 millones para ir a La Peineta

El traslado del Vicente Calderón a La Peineta será más traumático de lo esperado. El Atlético de Madrid deberá poner por delante los 160 millones de euros necesarios para la remodelación del estadio de San Blas, detalle que no figuraba en el protocolo de intenciones que la entidad deportiva firmó con el Consistorio el pasado 30 de julio.

La sociedad deportiva tendría el estadio en propiedad, pero no el terreno donde se levanta

El borrador de aplicación de ese protocolo que manejan en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento también incluye que el club de fútbol que dirigen Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín deba hacer frente al incremento anual del índice de precios al consumo (IPC) por los compromisos económicos consensuados, lo que podría suponer hasta 30 millones de euros. Además, el documento establece que el Atlético no tendría en propiedad la parcela donde se alza La Peineta, lo que restaría valor a su patrimonio futuro.

A finales de julio pasado, el Ayuntamiento, el club de fútbol y la cervecera Mahou alcanzaron un acuerdo para que el Atlético de Madrid se mudara a La Peineta en 2010 -su campo actual se convertirá en un parque- y en el terreno de la empresa se levantaran viviendas. El protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico de los terrenos de Mahou y el Calderón y el uso de La Peineta se parece como una gota de agua a otra al borrador de aplicación de ese pacto que desde finales de agosto manejan en Urbanismo.

Aunque sólo aparentemente. Porque contienen matices de calado, que conllevan millones de euros de más o de menos. Por ejemplo, el apunte añadido que obliga a que los 160 millones que costará la reforma de La Peineta -no se cuentan los 20 para la pista de atletismo que se construiría en el nuevo campo del Atlético en caso de que Madrid celebrase los Juegos Olímpicos de 2016, ni los 80 por el canon de cesión, destinado al soterramiento de la M-30- estén sobre la mesa antes del inicio del lavado de cara urbanístico.

"La ejecución de las obras quedará condicionada a la entrega efectiva de la aportación económica a realizar por el Club Atlético de Madrid", refleja el borrador. El alud de máquinas y obreros previsto entraría en acción en San Blas "en un plazo máximo de tres años desde la aprobación definitiva de la modificación del plan general en el ámbito Mahou-Vicente Calderón".

Martinsa y Andria, dos inmobiliarias, y Caja Madrid entraron hace casi tres años en el capital de la empresa que ostenta la propiedad del estadio, División Inmobiliaria. Entonces tomaron una participación del 15% de las acciones a cambio de 33 millones, lo que les permitirá desarrollar el proyecto con la edificabilidad señalada (1,9 metros por metro cuadrado). El Atlético espera 250 millones limpios de beneficio por la operación.

Entretanto, en la ribera del Manzanares dicen "desconocer" cualquier variante en el protocolo. Los despachos del Calderón humean al menor comentario. "Todos los aficionados comprenderán el traslado porque se va a mejorar tanto que, en estos momentos, es imposible de describir", repiten los directivos consultados.

El Ayuntamiento también mantiene el silencio. La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, prometió el miércoles pasado hablar de las novedades de la operación con este diario, pero no lo hizo. Otras fuentes del Ayuntamiento de mayor rango se limitaron a proclamar que "todavía no hay nada concreto".

A la espera de la solución definitiva, el citado borrador establece que el Atlético también debería afrontar "los compromisos económicos, que se actualizarán según el IPC al momento de su materialización". Esto es, la escuadra rojiblanca pagaría unos 30 millones si el papeleo se alargara y las obras arrancaran dentro de cuatro años. En caso de ser inminentes, el pago del IPC no iría más allá de los siete millones.

La demolición del Calderón, un estadio diseñado por el arquitecto Javier Barroso hace 40 años, que construyó un campo "revolucionario" para la época -el primero de Europa con todos los espectadores sentados-, supondría un coste añadido de 18 millones. El derribo está previsto para 2010. Tales cantidades arrojan muchas dudas. La deuda del Atlético entra en escena. Mientras la directiva asegura que el agujero es de unos 130 millones, otras fuentes aventuran que es de 450. De acuerdo con los últimos balances de la sociedad deportiva, el Atlético ha perdido 42 y 61 millones de euros en las pasadas temporadas. Lo que no le ha impedido desembolsar este verano 80 millones en el mercado de fichajes.

Otra de las novedades que maneja el borrador de Urbanismo es que se habla "de la propiedad del Estadio de Madrid", pero no de su parcela, que sí aparecía mencionada en el documento suscrito hace dos meses y medio. Un cambio notable en una comunidad donde el precio del suelo encarece notablemente el de los edificios.